Luego de la derrota electoral que sufrió el Frente de Todos durante las elecciones primarias del 12 de septiembre, desde el Gobierno comenzaron a lanzar múltiples medidas económicas de emergencia a corto plazo. Paralelamente, desde la oposición criticaron duramente la carencia de una inversión en un plan político y económico sostenible en el tiempo, por lo que decidieron realizar denuncias ante la justicia para evitar incidencias en el voto.
En Tucumán, el espacio Integrantes de Acción Conjunta Republicana que se define como "federal apartidario en defensa de la independencia de los poderes y el fiel cumplimiento de la Constitución Nacional" se movilizó este martes para repudiar “prácticas clientelares” a partir de la adjudicación irregular de viviendas en Villa Mariano Moreno, Canal del Sur y barrio Congreso. En un comunicado, expresaron "estas prácticas son instruidas por la gobernación provincial, cuyo responsable político es el jefe de gabinete de la Nación y gobernador en uso de licencia, Juan Manzur".
Desde el PRO, una de las principales preocupaciones señaladas por su presidenta, Patricia Bullrich, es la posibilidad de llevar al país a una "hiperinflación" al finalizar el 2021. El Gobierno: "va a tratar de llegar a los bolsillos de la gente cuando llegaron poco y mal en los momentos que más se necesitaba", consideró.
En ese contexto, el Comité de Control Electoral de Juntos por el Cambio apuntó judicialmente contra los ministerios de Desarrollo Social y Cultura del Gobierno nacional, La Pampa y algunos distritos bonaerenses.
Las denuncias
En Tucumán, el ex legislador provincial Alberto Colombres Garmendia, presentó amparos en la Justicia ante las irregularidades de la intervención en el Instituto Provincial de la Vivienda. Además, realizó observaciones por la entrega de miles de bonos extras por $ 5.000 por parte de la Provincia a 20 días de las elecciones legislativas.
En cuanto a las denuncias de Juntos por el Cambio, la primera apunta contra el programa "Abrazar Argentina", por medio del cual se otorgaron fondos por más de 16 mil millones de pesos al Ministerio de Desarrollo Social para que los destine a una iniciativa que permite la entrega directa de bienes tales como termotanques, cocinas o colchones por parte de gobernadores, intendentes y organizaciones sociales, sin que se haya argumentado la existencia de una situación de necesidad extraordinaria que justifique semejante incremento presupuestario.
Por otro lado, la alianza opositora denunció penalmente la intencionalidad de condicionar el voto de las personas beneficiarias del subsidio no reembolsable "Apoyo Extraordinario Cultura Solidaria" del Ministerio de Cultura, que dispone el otorgamiento de un quinto pago de hasta 15 mil pesos a pagar en octubre, destinado a artistas y trabajadores de la cultura.
En el caso de los distritos bonaerenses, el Comité de Control Electoral de la oposición denunció que vecinos del distrito del sur del Conurbano recibieron diversos obsequios por sus cumpleaños. Asimismo, Juntos por el Cambio denunció que el intendente de Ensenada, Mario Secco, "estuvo repartiendo tarjetas telefónicas con saldos que iban de los $100 a los $500 a jóvenes de colegios secundarios".
Por último, en La Pampa iniciaron en la Justicia una causa por "la entrega de subsidios por 10 mil pesos para que la ciudadanía pueda abonar facturas vencidas de servicios como luz, gas, agua, teléfono, o incluso alquileres y tarjetas de crédito" y advirtieron que el Gobierno de Sergio Ziliotto "está realizando entrega de todo tipo de electrodomésticos".
Lo que se dijo
"El principal objetivo es evitar que las conductas denunciadas puedan entorpecer o afectar el normal desarrollo de la campaña electoral y los comicios del próximo 14 de noviembre. Los ciudadanos ya no queremos que nos traten de comprar con medidas prebendarias típicas de gobiernos populistas, queremos ser libres para elegir a nuestros representantes", afirmó la abogada Jimena de la Torre, presidenta de la asociación civil Bases Republicanas e integrante del Comité de Control Electoral de Juntos por el Cambio.
A su vez, su compañero en el órgano opositor Lucas Incicco sostuvo que "el objetivo al solicitar la interposición de cautelares en la Justicia es evitar que las conductas denunciadas puedan entorpecer o afectar el normal desarrollo de la campaña electoral y de las elecciones".
Antecedentes
A una semana de las PASO, la primera denuncia por supuesto gasto proselitista de fondos públicos recayó sobre la Municipalidad de General Rodríguez tras la compra de heladeras, cocinas y garrafas destinadas a la comunidad con fines presuntamente electorales.
Al respecto, desde el municipio desmintieron la acusación y explicaron que el 6 de julio, dos meses antes de las PASO, habían firmado un convenio con el Ministerio de Desarrollo Social para asistir a instituciones que tienen un papel social: comedores, casas barriales, merenderos, escuelas, hogares de niños y ancianos con los fondos asignados por el programa Abrazar Argentina. Sin embargo, la denuncia permanece firme.
Incluso previo a las PASO, en el mes de agosto, los diputados de la Coalición Cívica "Toty" Flores y Fernanda Reyes presentaron un pedido de informes ante el Ministerio de Desarrollo Social por supuestas irregularidades en el manejo de planes sociales, advirtiendo que de esa manera se juega “con la desesperación de la gente que necesita trabajar”.
Los números de la “confianza”
Pese a la intención de seducir al electorado con bienes y subsidios temporales, estos parecieran no convencerse del rumbo político que marca el Gobierno nacional.
Una encuesta realizada por la Universidad Nacional de San Andrés a 18 días de las elecciones legislativas reveló que "la intención de voto está básicamente como en las PASO". A partir de un relevamiento para el que se tomaron 1.005 casos nacionales, se determinó que todavía existe un número considerable de indecisos y de los que acudirán decididamente a las urnas "dos de cada 10 votarán a Juntos por el Cambio y sólo uno cada 20 dice que votará al Frente de Todos", según detalló el director de la Encuesta de Satisfacción Política y Opinión Pública de la Universidad de San Andrés, Diego Reynoso.
Respecto a la intención de voto, el estudio señaló que hay "un promedio del 40% de los votos para Juntos para el Cambio y 31,5 para el Frente de Todos", por lo cual se repetiría el resultado de los comicios realizados en septiembre.
El resultado electoral de acuerdo con los "intervalos de confianza" realizados permite establecer que "no hay empate técnico", donde Juntos por el Cambio podría estar en el rango entre 36% y 43% de los votos, mientras que el Frente de Todos estaría en el rango del 28 y 34%. |
