El Decreto de Necesidad y Urgencia marcará las metas macroeconómicas acordadas con el Fondo Monetario Internacional para no pasar ante el Congreso y enfrentarse al eventual rechazo de aliados y opositores.

De esta manera, el ministro de Economía, Martín Guzmán, presentará una modificación a la Ley de Administración Financiera que le permite prorrogar las partidas del año pasado, pero con ciertos límites que no son los acordados con el FMI.

Sucede que Guzmán sospecha que el kirchnerismo podría votar en contra de las nuevas metas, en caso de pasar por el Congreso, entre ellas, la suba del 44% en promedio de las tarifas eléctricas, en especial para la Capital Federal y el Gran Buenos Aires, o una restricción de las transferencias a la provincias.

De la misma manera, intentará cerrar la discusión con el resto de la oposición, en especial a Juntos por el Cambio, tras las metas acordadas:

• Inflación máxima de 45%
• Aumento de las reservas del Banco Central

Crítica opositora

El diputado del PRO, Luciano Laspina consideró que: “Sería un escándalo que el gobierno apruebe un nuevo Presupuesto 2022 por DNU estando el Congreso en funciones”. 

“Si no logra aprobar la ley, como en diciembre, cuenta con las autorizaciones de prórroga que le otorga la Ley de Administración Financiera”, expresó a través de su cuenta de Twitter.

También recordó que, según la Constitución Nacional: “el Congreso aprueba el Presupuesto. Si no lo hace, la Ley de Administración Financiera sabiamente (SIC) le otorga facultades al PEN para seguir “usando” el último Presupuesto. Incluso podría subir techos presupuestarios (polémico) por DNU”.

“¡Lo que nunca se ha hecho en la historia es una Ley de Presupuesto por DNU! Con obras, programas, etc. fijados a espaldas del pueblo (Diputados) y de las provincias (el Senado). ¡Más si el Congreso está en funcionamiento!”, puntualizó el diputado opositor.

Las modificaciones

• Ajustar la política monetaria a los parámetros definidos con el FMI, estableciendo límites a la dependencia de la emisión. Es decir, “menos expansión”. 

• El presupuesto modificado deberá contemplar un déficit primario del 2,5% sobre el PBI. 

• Economía se comprometió a reducir las partidas energéticas en un 0,6% del PBI, con aumentos cercanos al 20% para los sectores de menores ingresos, entre 43% y 45% para la mayoría de los clientes, y de hasta el 200% para los hogares a los que se les aplicará la segmentación.

• Uno de los gastos que se podrían ver reducidos son los relacionados con la obra pública. Según el acuerdo, se deberá dar prioridad a proyectos que estén en curso de ejecución y, entre los más grandes, a aquellos con estudios de prefactibilidad y factibilidad. 

• El Gobierno acordó reducir las transferencias a las provincias, a través de las cuales se ejecutan múltiples obras de menor monto como repavimentaciones, mejoras viales, urbanas y de infraestructura.|