El ministro de Seguridad, Aníbal Fernández, explicó que su cartera llevaba preparando el desalojo en Villa Mascardi, en la provincia de Río Negro, una semana antes del operativo desplegado el lunes último, para "poder resolver el tema de la usurpación sin armas letales" y dijo que el pedido de liberación de las personas detenidas que hizo la comunidad mapuche es una cuestión que debe decidir la justicia.
"Hubo una semana de trabajo previo de preparación de una estrategia que nos permitiera ingresar a ese lugar, para poder resolver el tema de la usurpación. Funcionó y no entramos con armas letales. Hay indicaciones y pedidos de capturas por parte de la jueza que tiene la causa; es la Justicia la que decide, no soy yo", indicó el ministro en declaraciones a la TV Pública.
El operativo se llevó a cabo en cumplimiento de la orden judicial de la jueza federal subrogante Silvina Domínguez, quien dispuso "hacer cesar el delito" en los nueve lotes denunciados como ocupados por la comunidad del Lof Lafken Winkul Mapu, para lo cual decretó el secreto de sumario, en un caso en el que, además, interviene la fiscal Cándida Etchepare.
Siete mujeres de la comunidad fueron detenidas durante el procedimiento y llevadas a una dependencia de la PSA mientras continúan los rastrillajes en busca de otros integrantes de Lof, quienes podrían haberse replegado "montaña arriba", según la evaluación de los oficiales a cargo del operativo.
Por su parte, el Centro de Estudios Legales y Sociales (CELS) denunció en la noche del miércoles que "la jueza federal Silvina Domínguez informó a los abogados defensores que van a trasladar a las mujeres mapuches detenidas a la Ciudad de Buenos Aires. No les dan más información sobre esa medida". Además, remarcaron que una de las detenidas tiene 40 semanas de embarazo, y que hay dos niños de meses junto a ellas.
Este jueves presentaron un habeas corpus "en representación de cuatro mujeres mapuches de la Comunidad Lafken Winkul Mapu: Andrea Despo, Luciana Jaramillo, madre de dos hijos uno de 4 años y otro de 8 años de edad, Florencia Melo y Débora Vera, que fueron trasladas de manera ilégitima, arbitraria y desproporcionada de su territorio en la zona de Bariloche, provincia de Rio Negro, por autoridades de la Policía Federal Argentina en cumplimiento de una orden judicial también ilegítima, arbitraria, desproporcionada y excesiva, sin participación alguna de las mujeres mapuches antes referidas, a la cárcel de Ezeiza, la Unidad IV".
Mientras tanto, personal de Gendarmería permanecía en los lugares desalojados para evitar un posible reingreso de personas.
En esta línea, Fernández consideró que, a su cartera a partir de ahora, "le toca otro tipo de tareas" conforme a "lo que vaya indicando la jueza".
El ministro afirmó que "las expresiones positivas que ahora se vierten" no condicen con "lo que venía sucediendo el último tiempo".
"Han incendiado un montón de casas, tomaron campos y agredieron gente. Nos quemaron una casilla de la Gendarmería. No condice una cosa con la otra. Vengo insistiendo en que en la provincia se arme una mesa para que se hable con esta gente, negociando cosas de otro color pero que no sea bajo la presión de agravios, insultos o fuerza bruta", finalizó el ministro.
