El jefe de Gobierno porteño, Horacio Rodríguez Larreta se negó a hacerle devoluciones al borrador de Consenso Fiscal que propone la Nación y que será firmado esta tarde por 21 gobernadores, al hacerlo, obligará a las provincias a suspender los reclamos judiciales por 1 año.
Desde hace poco más de un año, los dos puntos de coparticipación que el Gobierno de Alberto Fernández le quitó a la Ciudad de Buenos Aires para transferirla a la provincia y destinarla al pago del aumento de sueldos de policías, generó tensión entre Larreta y el presidente.
En ese entonces, el jefe de Gobierno porteño denunció la inconstitucionalidad ante la Justicia y resolvió tapar el bache fiscal eliminando la exención a la actividad financiera para los Ingresos Brutos, decisión que fue judicializada por el Banco Central al considerar que afectaba directamente a su potestad de determinar la política monetaria, convirtiéndose en un impuesto directo a la remuneración que reciben los bancos por las Leliqs.
Actualmente varias provincias cobran este impuesto, por lo que en el Consenso Fiscal anterior el presidente no consiguió que los gobernadores prohibieran ese tributo. Por ejemplo, la alícuota máxima propuesta por Wado de Pedro para Ingresos Brutos sobre las actividades financieras es del 9%, cuando CABA cobra el 8%, lo cual habilitaría a la Ciudad a incrementar un punto la alícuota.
Motivos del rechazo
La Ciudad renunciará al reclamo sobre la coparticipación y considera que retrasar un año una resolución de la Corte Suprema implica sostener un año más las medidas tributarias "de emergencia" dispuestas en 2020.
Por otro lado, el consenso fiscal daría marcha atrás a la reducción de impuestos firmada en el 2017 con el objetivo de asegurar una baja gradual de la presión fiscal en particular en los sectores productivos intermedios en un intento para bajar los costos de transacción en el largo plazo.
El consenso fiscal 2022 echa por tierra las rebajas para los Ingresos Brutos e impone alícuotas máximas en algunos casos superiores a las de 2019.
Además, en su artículo 7, reivindica el impuesto a la transferencia gratuita de bienes o "impuesto a la herencia", lo que para Larreta implica aumentar la presión tributaria directa cuando ya existe a nivel nacional el impuesto a los bienes personales.
Por último, consideran que la limitación a tomar deuda en pesos ajustada por inflación por hasta 18 meses es una interferencia en el manejo de la deuda de corto plazo de cada jurisdicción.
En este sentido, CABA sugiere una ley que permita a las provincias emitir este tipo de activos de forma permanente para poder renovarlos a igual plazo sin necesidad de un nuevo pacto fiscal.|
