La suspensión de la indagatoria a Mauricio Macri, acusado por supuesto espionaje ilegal a los familiares de las víctimas del submarino hundido, ocurrió luego de que al exmandatario se le leyeran los seis hechos puntuales que se reconstruyeron en la investigación y antes de que se pasara al momento en el que se le ofrece al imputado hacer uso de la palabra y se le pregunta si está dispuesto a responder preguntas del juez y o del fiscal.
Puntualmente, cerca de las 13, cuando el juez federal interino de Dolores, Martín Bava, hizo saber a Macri, a su abogado Pablo Lanusse y al fiscal Juan Pablo Curi, que había consultado con la Agencia Federal de Inteligencia (AFI) si era necesario que le sea levantado el secreto al exmandatario y que la AFI respondió que esa era una facultad de la Presidencia de la Nación.
Fue en ese momento que el abogado de Macri pidió que se suspenda la audiencia bajo el argumento de que era necesario el levantamiento del deber de confidencialidad para que el expresidente pudiera hacer ejercicio pleno de su derecho a la defensa en juicio.
El juez Bava le corrió inmediata vista al fiscal Curi que, en forma oral, expresó que coincidía con el planteo de la defensa y sugirió que podía retomarse la audiencia el jueves de la semana próxima, según pudo reconstruir Télam.
Ante ese escenario, el magistrado suspendió la audiencia y requirió al Presidente de la Nación, Alberto Fernández, que "de ser necesario releve al imputado del deber de confidencialidad obrante en la ley 25.520", para fijar una nueva fecha de audiencia tan pronto como llegue la respuesta.
Lo que se dijo
"Se suspendió por un error grosero y bochornoso del juez que sabía esto y debió haber evitado este acto", sostuvo el abogado de Macri en la puerta del Juzgado.
“El juez nos convocó sabiendo que Macri no podía declarar. El juez no está honrando la función tan delicada que tiene. Está actuando con la celeridad que le impone el calendario electoral”, manifestó Lanusse a la salida del tribunal.
Durante el acto previo al momento previsto para la declaración, el expresidente brindó un breve discurso frente a militantes y funcionarios de Juntos por el Cambio. Pidió acabar con la “justicia perversa que usa una tragedia para dañar” y seguidamente calificó el procedimiento judicial como “una causa armada en medio de una campaña electoral”.
Inmediatamente, sus dichos fueron cuestionados por los familiares de las víctimas del submarino, quienes respondieron “lo que tanto critican al oficialismo lo terminaron haciendo ellos", en relación a la movilización política en apoyo al expresidente, donde además, el intendente local Camilo Etchevarren recordó la obras públicas realizadas por la gestión de Cambiemos durante el período 2015-2019.
En la misma línea, sumó críticas desde su mismo espacio político. El gobernador de Jujuy Gerardo Morales disparó: “Parecemos el kirchnerismo”, mostrando disconformidad por la movilización realizada en apoyo a Macri. Luego, remarcó: "somos diferentes al kirchnerismo y estamos actuando como espejo".
¿Qué dice la ley?
La Ley de Inteligencia Nacional (25.520) clasifica como secreta a "toda información, documento o material cuyo conocimiento por personal no autorizado pueda afectar gravemente los intereses fundamentales u objetivos vitales de la Nación, entre ellos, la soberanía e integridad territorial; el orden constitucional y la seguridad del Estado; el orden público y la vida de los ciudadanos".
También si puede afectar "la capacidad de combate o la seguridad de las Fuerzas Armadas o de sus aliados; la efectividad o la seguridad de operaciones de las fuerzas de seguridad; las relaciones diplomáticas de la Nación; y las actividades de inteligencia específicamente determinadas y fundadas de los organismos del Sistema de Inteligencia Nacional".
La ley establece, en referencia a la obligación de guardar el secreto: "Los integrantes de los organismos de inteligencia, los legisladores miembros de la Comisión Bicameral de Fiscalización de los Organismos y Actividades de Inteligencia y el personal afectado a la misma, así como las autoridades judiciales, funcionarios y personas que por su función o en forma circunstancial accedan al conocimiento de la información mencionada en el artículo 16 de la presente ley deberán guardar el más estricto secreto y confidencialidad".
Quien viola esa obligación incurre en el delito de revelación de secretos de Estado, penado con prisión de 1 a 6 años cuando es doloso (artículo 222 del Código Penal) y de 1 mes a 1 año e inhabilitación especial del doble de tiempo cuando es imprudente (artículo 223).
Con todos los contratiempos, problemas técnicos en la red de computadoras del juzgado, la audiencia duró menos de una hora y el resultado provocó cierta euforia en el entorno del expresidente que lo celebró como una victoria.|
