"Es una barbaridad que Aníbal Fernández se convierta en el ministro de la amenaza y la inseguridad", lamentó la presidenta del PRO, Patricia Bullrich, y advirtió que el funcionario nacional está utilizando "información de inteligencia y lo está amenazando" al humorista gráfico conocido como Nik, quien luego de realizar una crítica contra el asistencialismo impulsado por el Gobierno nacional, recibió una respuesta intimidatoria por parte del ministro de Seguridad, Aníbal Fernández. Tanto el tono como el contenido del mensaje provocaron el repudio de representantes de varios sectores, desde la comunidad en general, políticos, periodistas e incluso la DAIA.
Pese a la magnitud del repudio, los agravios no cesaron y Nik recibió más mensajes a través de su teléfono celular personal, con remitentes desconocidos que le sugerían “no meterse” con el ministro Aníbal Fernández.
Para Patricia Bullrich el mensaje de Aníbal "no fue un exabrupto" y acusó al funcionario nacional de haber usado "el aparato estatal" para arremeter contra el caricaturista. "Sin dudas, lo sacó de algún lugar. Es una información de inteligencia y lo está amenazando", enfatizó la exministra de Seguridad.
Si bien el historietista adelantó que iría a la Justicia por el hecho inicial y las posteriores amenazas, desde la oposición aseguraron: "Hemos pedido la renuncia de Fernández. Esperemos que el presidente proceda", afirmó Bullrich en declaraciones radiales.
Los antecedentes de Berni
Aníbal Fernández no es el único acusado de utilizar la inteligencia para obtener datos privados de la población. El año pasado, el ministro de Seguridad de la provincia de Buenos Aires, Sergio Berni, habría contratado al menos 40 personas durante el período de cuarentena estricta e incluso emitiendo certificados de circulación desde la propia cartera de Seguridad, para que estas se ocupen en doble turno de operar a través de perfiles falsos en diferentes redes sociales en defensa de la gestión de este funcionario y el Gobierno de turno.
Los datos fueron revelados por Jorge Lanata durante su programa Periodismo para Todos, por lo que luego la Fundación Apolo se ocupó de encaminar una denuncia ante la Justicia penal de La Plata en la que se lo acusa por "abuso de autoridad, incumplimiento de deberes de funcionario público y malversación de caudales públicos". Además, solicitaron una investigación por la eventual producción de "inteligencia ilegal".|
