Las dos últimas elecciones presidenciales reflejaron en porcentajes la marcada división entre grupos y preferencias políticas completamente opuestas, y cuyas concepciones son transversales a cada aspecto de la vida de los argentinos.
Sucedió durante la pandemia cuando el Gobierno fue acusado de “envenenar a la población” con las vacunas, contra sectores precarizados que accedían a algún tipo de asistencia social, con las madres de adolescentes violadas que elegían decidir sobre sus cuerpos, con la disputa de territorios indígenas, entre otras situaciones en las que en lugar de información, prevalecían los discursos descalificantes y denigrantes.
Estas diferencias son las que a diario producen tensión, cruces e intolerancia a nivel social, pero cuyo origen se encuentra en los discursos de los mismos políticos que reavivan la grieta, acompañados por los medios de comunicación de uno u otro bando.
Actualmente, las redes sociales son las plataformas que potencian estos desenlaces y donde con mayor frecuencia circulan falsas noticias provocando un gran malestar entre quienes se dejan llevar por sus impulsos, motivo por el cual, en los últimos días el Frente de Todos propuso regular el uso de las redes sociales, lo cual resultó fuertemente rechazado por la oposición.
Pero, ¿cuándo un discurso es de odio o no?, y ¿cuándo la libertad de expresión se ve afectada?. Un artículo de la Declaración Universal de Derechos Humanos, establece el derecho del individuo a la libertad de opinión, ya que las ideas contribuyen con la participación, el debate público y propician reacciones que motivan la opinión y el pensamiento crítico, lo cual es sumamente necesario para el desarrollo social.
También se debe considerar que el término “discurso de odio” suele ser utilizado para imponer ciertas prohibiciones que afectan la libertad de expresión, como instrumento estratégico en situaciones controversiales que sirven a intereses particulares.
Desde hace varios años, Facebook, Twitter e Instagram son usadas como herramientas para el trabajo político. Los militantes y activistas utilizan Internet y las redes como nuevas formas de comunicación masiva, además de ofrecer un espacio de socialización para la ciudadanía, con acceso directo y actualizado a la información y los debates sin censura.
Empresas como Google, Microsoft, Twitter y Facebook buscaron reprimir todo tipo de discurso agresivo en sus plataformas, pero esto no fue suficiente ante la necesidad de concientizar al usuario a no crear ni propalar contenidos agraviantes. Esto, en algunos países termina siendo morigerado con medidas legislativas y la difusión de mensajes positivos de convivencia política y social en medios de comunicación; así como promoción de la empatía.
Todo esto en un círculo en el que las operaciones de odio encaradas por grupos políticos, acompañados por la manipulación de los medios de comunicación, intentan descalificar a su oponente (en la mayoría de los casos con información incompleta, tergiversada o completamente falsa con discursos de odio) para llegar a la porción de votantes que termina definiendo una elección y con esto muchas otras cosas.
Lo puntual es que, a nivel nacional, el art. 20 del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos que integran nuestra Constitución, señala: “2. Toda apología del odio nacional, racial o religioso que constituya incitación a la discriminación, la hostilidad o la violencia estará prohibida por la ley”.|
