El operativo comenzó durante las primeras horas de este jueves generando mucha tensión entre las fuerzas de seguridad y los vecinos que pusieron sus cuerpos frente a topadoras, camiones, una columna de agentes policiales y cuadrillas de trabajadores pertenecientes al Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires, en un intento por impedir la pérdida de los techos que resguardaban hasta entonces a sus familias. La resistencia fue en vano y en cuestión de minutos las llamas consumieron las casillas y carpas precarias que se encontraban en el lugar.

Días previos al desalojo fueron censadas 152 personas de las 52 familias instaladas en el predio, y según el Ministerio de Desarrollo Humano y Hábitat porteño, a todas se les ofreció hospedaje en centros de inclusión, pero solo cinco familias aceptaron el traslado y las 47 restantes regresaron a viviendas que ya tenían en el barrio. 

También afirmaron que en el procedimiento intervino el programa Buenos Aires Presente (BAP) que dispone el abordaje de cada caso particular para asegurar la escolaridad de los niños, el traslado diario a las escuelas y otras necesidades. “Del total de las familias que realizaron la toma, 17 ya contaban con asistencia del programa habitacional para personas en situación de calle”, indicaron.

Pese a que desde el municipio aseguraron que se trató de un operativo pacífico, mediado por el diálogo con vecinos “que están de acuerdo con el plan de integración que se está llevando a cabo”; algunos de los ocupantes de la toma, en su mayoría mujeres con niños, denunciaron maltratos durante el operativo, intimidaciones e incluso incendios intencionales de las casillas para acelerar el desalojo. Además, cuestionaron el sistema de alquileres que rige en la 31, con precios en alza y limitaciones para familias numerosas, por lo que se les hace imposible acceder a una vivienda.

El lugar

Todo comenzó el jueves desde muy temprano en el asentamiento "La fuerza de las mujeres" emplazado en la esquina de La Pampa y Ciervo de Los Andes, dentro del Barrio Carlos Mugica. El sector es conocido como La Containera porque durante mucho tiempo estuvo ocupado por cientos de contenedores de transporte marítimo, en una zona lindante con un basural. En el último tiempo, el Gobierno porteño trabajó en la transformación y urbanización de ese espacio con la construcción de edificios, nuevas viviendas, un centro educativo, plazas y otros espacios públicos. 

Para continuar con esa inversión, ejecutó una orden judicial que terminó desactivando la toma de 100 familias del barrio que se habían asentado el 30 de junio pasado de manera irregular sobre el terreno donde se construiría una escuela con niveles inicial y primario.

Lo que se dijo

Graciela Sosa, una de las voceras de las familias del asentamiento explicó ante los medios: “Ahora no sabemos adónde vamos a dormir con nuestros hijos. Hace más de tres meses que estamos en el asentamiento. Armamos el asentamiento porque no tenemos un lugar para vivir”. La mujer agregó: “Estamos por el derecho humano a una vivienda, estamos por el derecho de las mujeres y de las madres, a tener una vivienda digna donde vivir porque los alquileres de la villa no los podíamos pagar más. Hoy nos quedamos a la deriva”.

Walter Córdoba, referente de Somos Barrios De Pie en la CABA, cuestionó el accionar tanto del GCBA como de la Justicia porteña, y además asoció a la administración de Larreta con "el negocio inmobiliario".

"Repudiamos la actitud del gobierno de la Ciudad y de la Justicia, que con estas medidas no tienen en cuenta los derechos de las familias, de las mujeres y los niños. La vivienda digna es una situación muy problemática y el gobierno de Larreta lo único que hace es favorecer el negocio inmobiliario", afirmó Córdoba.

En tanto, desde el Gobierno porteño indicaron que "a través del BAP (iniciativa destinada al abordaje y acompañamiento de las personas en situación de vulnerabilidad) más el Consejo de los Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes, como también distintos equipos especializados, se realizaron acercamientos en numerosas instancias" con las personas que habían tomado el exbasural de "La Containera".

Repercusiones desde la arena política

Myriam Bregman, candidata a diputada nacional por el Frente de Izquierda, se solidarizó con los vecinos desalojados y opinó en Twitter: "Hubo desalojo en el Barrio Mugica. La policía de Larreta rompiendo todo en vez de dar respuesta al reclamo de vivienda. Feroz imagen en una Ciudad con gente sin casa y casas sin gente".

El gremialista Eduardo López, secretario adjunto del sindicato docente UTE y dirigente de la CTA, disparó: "Esto es Larreta: macrismo explícito con pauta y blindaje mediático. Mi total apoyo y solidaridad con la comunidad de la Villa 31".

Marina Joski, secretaria nacional de Mujeres, Género y Diversidad de la Unión de Trabajadores y Trabajadoras de la Economía Popular (UTEP), también se solidarizó con las familias sin viviendas y pidió "urgentes medidas para enfrentar el déficit habitacional en la Capital Federal".

La legisladora de la Ciudad de Buenos Aires por el Frente de Todos Claudia Neira aseguró, en diálogo con El Destape Radio, que "fue un desalojo sumamente violento" y, además, que "se quemaron pertenencias" en lo que significó el avance de la policía contra las familias que viven en Retiro. "No existe una política en la Ciudad para dar respuesta a las necesidades de vivienda que hay". 

La toma

El pasado 30 de junio, el Gobierno de Horacio Rodríguez Larreta había informado que "alrededor de 50 personas tomaron un terreno público porteño de manera ilegal". Ese mismo día, las autoridades porteñas señalaron que "desde el primer momento, el Ministerio de Desarrollo Humano y Hábitat del GCBA apeló al diálogo e implementó distintas estrategias de acercamiento en busca de soluciones conjuntas, sin éxito".

"Ante este escenario, fue necesario acudir a la Justicia", indicaron en esa oportunidad desde el gobierno porteño, a través de un comunicado. 

La toma se gestó el 30 de junio por la noche con algunos referentes del Movimiento Popular La Dignidad con el apoyo de distintas organizaciones sociales, entre ellas, la Corriente Clasista y Combativa (CCC), el Movimiento Somos Barrios de Pie, el Movimiento Popular La Dignidad y el CTD Aníbal Verón. Desde entonces, se abrió un canal de diálogo con diferentes estrategias de acercamiento, pero las negociaciones no lograron los resultados esperados.

Tras agotar las instancias de diálogo, el gobierno porteño acudió a la Justicia para pedir la liberación del predio. La causa recayó en el Juzgado Penal Contravencional y de Faltas N° 12, a cargo de la jueza Patricia Larocca, con intervención de la fiscal Valeria Massaglia.

La última denuncia 

Mónica Córdoba, representante de Somos Barrios de Pie de CABA denunció que "son 100 familias, con 250 niños" y sostuvo que "algunas están en la calle y otras en paradores", por lo que exigió una inmediata respuesta habitacional. 

"Las vecinas denunciaron la falta de políticas habitacionales en la Ciudad de Buenos Aires", expresó la dirigente y manifestó que "No hubo respuesta del Gobierno de la Ciudad. Se armó una mesa diálogo a partir del desalojo y el Gobierno de la Ciudad no respondió, no dio otra respuesta alternativa al desalojo".|