Se llevan gastado más de 3 millones de dólares. Se estima que hasta la finalización del juicio, originariamente prevista a fines de 2024, se gastará 1,5 millón de dólares más.
Pero es casi un hecho que el juicio por la llamada Causa SQM se prolongará al menos hasta 2025, con lo cual habría que sumarle otro millón.
La cifra termina saliéndose de cuadro. No se conoce de otra causa en la que la Justicia de Chile (ni probablemente de ningún otro país de la región) haya aceptado destinar tantos fondos para investigar un expediente.
Los números se desprenden de una estimación hecha a partir de datos concretos y oficiales suministrados por el Ministerio Público de Chile, respondiendo a una solicitud de acceso a la información pública.
Quienes la formularon fueron Samuel Donoso y Patricio Contesse. El primero de ellos, abogado defensor del segundo, exgerente de la gigante minera SQM. Contesse es uno de los que ocupa el banquillo en este juicio, cuyas audiencias orales, luego de insólitas dilaciones, comenzaron el 13 de febrero de este año.
Eso ocurrió luego de ocho años de instrucción, durante los cuales se fueron cayendo uno por uno los grandilocuentes títulos con los que los medios trasandinos abrieron sus ediciones.
Sólo llegaron a juicio un puñado de actores, secundarios, a sabiendas de que el banquillo central estaba reservado para Marco Enríquez Ominami, cuatro veces candidato a presidente chileno y uno de los fundadores del Grupo de Puebla; y además, claro destinatario de ese insólito proceso judicial.
"Se le ha mantenido a Enríquez-Ominami formalmente imputado durante 8 años por hechos que no constituían delito o eran falsos", escribió el columnista Daniel Flores en el sitio Interferencia, del vecino país. Señala además que "estos hechos han sido presentados de manera tal que lo pudieran golpear constantemente durante el proceso, en su decencia y en su imagen. De otro modo el mecanismo falla", sostiene.
El detalle de los gastos
Las cifras difundidas por el propio Ministerio Público del país vecino terminan siendo abrumadoras.
Desde 2015 en que se inició el expediente, hasta fines de 2024, que es la fecha prevista de finalización, el caso en este proceso se habrá compuesto de la siguiente manera.
- Salarios de los tres fiscales con dedicación exclusiva: $2.000 millones.
- Salarios de los ocho abogados y abogadas que conformaron el equipo ad hoc: $1.150 millones.
- Alquiler de oficinas especiales para el funcionamiento de estos equipos: $38 millones.
- Viáticos de fiscales y asistentes: $108 millones.
- Alquiler de vehículos con chofer para el traslado de fiscales y asistentes: $18 millones.
Según apuntan allegados a la causa, a ello se le debe sumar la dedicación casi permanente de la fiscal regional, lo cual agrega $288 millones.
La cifra final es desproporcionada: $3.602 millones de pesos chilenos, es decir, unos 4,5 millones de dólares, comparados con los 132 millones de pesos (160 mil dólares) que habrían constituido el supuesto fraude por el que se hizo todo el proceso.
El ratio da un gasto 30 veces mayor que el monto que se pretende recuperar.
El detalle es que se trata de un cálculo prudente, ya que no incluye el costo salarial y operativo que han implicado los cinco abogados del servicio de Impuestos Internos; otros cuatro letrados del Consejo de Defensa del Estado. A ello se le deberán sumar también los cuatro guardaespaldas que acompañan a los fiscales y otros cuatro funcionarios de alto nivel en el tribunal encargado del juzgamiento.
Y por supuesto, las cuatro juezas del tribunal, que durante dos años no podrán abocarse a ninguna otra causa. “Van a estar ciento por ciento dedicadas a un juicio cuyas eventuales condenas ya están casi todas cumplidas por las duras cautelares que tuvieron los acusados durante estos ocho años”, señalaron fuentes judiciales.
Con un dato adicional: hay alta probabilidad de que las defensas terminen solicitando la nulidad del juicio, por las serias irregularidades exhibidas durante el auto de apertura. Ello no implicaría otra cosa que la necesidad de repetir otra vez todo el proceso.
