Una serie de eventos vienen poniendo en el centro del debate a las políticas de seguridad. El aumento de los hechos delictivos producto de la crisis social generada por la pandemia, combinada con el aumento de la pobreza y desigualdad que se generó en el periodo 2015 ? 2019, las protestas de la policía bonaerense en el mes de agosto y, esta última semana, el trágico asesinato del inspector de la Policía Federal de 33 años, Juan Roldán. 

Los debates sobre inseguridad suelen dispararse por hechos trágicos y esta dinámica política suele afectar el nivel de la discusión. A debates impulsados por la conmoción se les responde con argumentos fáciles, mediáticos, cuando en realidad lo que necesitamos son respuestas serias y con densidad técnica. Antes que nada, hace falta discutir la inseguridad en base a números, no percepciones o preferencias ideológicas. 

A pesar de todas las diferencias que personalmente tengo con su forma de hacer política, debo reconocer que durante la gestión de Patricia Bullrich, el área a cargo de Mariela Bubino, realizó grandes avances en lo que respecta a las estadísticas criminales. Sobre estas bases nos debemos una discusión seria acerca de cómo resolver la inseguridad. Problema que suele ser abordado desde una única dimensión: la cantidad de policías o actualmente sobre si es necesario o no usar determinado equipo. 

La seguridad está compuesta de múltiples aristas y hay una que creo central para asegurar una correcta gestión de la gestión ciudadana: las condiciones laborales de nuestros policías, su entrenamiento y equipamiento. El asesinato de Roldan y las protestas de la Policía Bonaerense pusieron el centro del debate en las condiciones de trabajo de los efectivos. Esto no se puede desligar de la seguridad de los ciudadanos: cuerpos policiales correctamente equipados, remunerados y con mejor calidad de vida le aseguran a la sociedad más seguridad. 

Es necesario partir de un diagnóstico claro: le pedimos a policías con salarios del tercer mundo resultados del primero. Dejando de lado las analogías, y yendo a lo concreto, previo a las protestas un oficial de la bonaerense ganaba $36.785, un ingreso por debajo de la línea de pobreza y tras perder en los 4 años anteriores el 29% de su poder adquisitivo. A los bajos salarios se le suman problemas de equipamiento y de bienestar policial, en un contexto donde hay poco resto para atender estas demandas: el 87% del presupuesto de seguridad de la provincia se destina al pago de salarios. 

Además de ingresos dignos, existen una serie de aspectos en los que estamos en deuda con la policía. La mayor parte de los efectivos vive en ambientes hostiles, conviven con las personas a las que tienen que perseguir y están desprovistos del equipamiento necesario. Estas cuestiones no son nuevas, pero suele haber eventos particulares que destapan una trama de falencias e insatisfacciones en nuestras fuerzas. Para evitar estas ollas a presión necesitamos mecanismos que representen y canalicen las demandas de los efectivos policiales. 

Al ser un país federal tenemos múltiples experiencias sub-nacionales de gestión de las relaciones laborales con las fuerzas de seguridad. Algunas muy interesantes y que es necesario discutir, como es el caso de Chubut. Donde existen representaciones policiales con competencias en temas de bienestar, salario y condiciones de trabajo. Facilitando las demandas y las mejoras, pero sin permitir las huelgas, lo que diferencia este tipo de instituciones con la sindicalización policial, que no ha mostrado buenos resultados en las distintas experiencias internacionales. 

Otro debate que fue puesto en consideración, por el asesinato de Roldán y en su momento por el caso Chocobar, fue sobre el uso de las armas de fuego por parte de las fuerzas. Abrir fuego debe ser la última opción, y solo para personas con alto entrenamiento. Según el último informe del CELS sobre letalidad policial, vemos que la mayor parte de los policías muertos fueron asesinados fuera de su servicio. Esto es solo un ejemplo que portar armas, usarlas sin el entrenamiento y el apoyo necesario es un peligro. No solo para los civiles de alrededor sino, como muestran los números del CELS, para los propios policías. 

Señalo estas falencias en el nivel de salarios, el equipamiento, las condiciones de vida y el entrenamiento de los policías para abrir un debate serio. Son aspectos que para ser solucionados requieren conducciones profesionales. Requieren un trabajo constante, que abarquen distintas áreas de modo profesional. Más fácil sería decir que necesitamos más policías y montar un show sobre ello. Pero cuando uno estudia mínimamente ve que, por ejemplo, la Policía Bonaerense tiene 90 mil integrantes y 550 cada 100 mil habitantes, casi el doble de lo recomendado por Naciones Unidas. 

Por último, otro punto fundamental y central a considerar es la necesidad de crear fiscalías descentralizadas con competencia contravencional penal en los municipios. De esta manera, se puede dar curso eficiente a la solución de los delitos usuales que sufren los ciudadanos: robo, hurto, robo a vivienda sin moradores. De esta manera, podrían resolverse con la intervención de una justicia mas cercana a los ciudadanos. En cada municipio debería haber un numero importante de fiscalías con capacidad de acción ágil y que permitan a las fuerzas de seguridad los allanamientos necesarios para recuperar objetos robados, y aprehender si es necesario a los autores de estos delitos. 

En síntesis, para tener una mejor seguridad necesitamos una mejor policía: equipada, entrenada y contenida. Para esto necesitamos equipos civiles profesionales que conozcan el territorio, que los hay, que trabajen en medidas concretas, basadas en evidencia empírica. Y por último un despliegue judicial local con capacidad de actuar de manera eficiente y al servicio del ciudadano. Es tiempo de cambiar las lógicas de trabajo: no podemos esperar a un nuevo evento trágico para actuar.