La Cámara Federal de Apelaciones de Resistencia, Chaco, confirmó el fallo que dispuso trabar el embargo de bienes de la agroexportadora Vicentin y de los directivos denunciados, por una suma que supera los $111 millones, en el marco de una denuncia formulada por la AFIP por facturas apócrifas. Según la resolución del órgano de apelación, se habilitó el embargo de bienes y fondos hasta cubrir la suma de $ 111.637.479 que fuera denunciado como perjuicio fiscal.
El tribunal confirmó los embargos que habían sido ordenados por el Juzgado Federal de Reconquista sobre los bienes de Vicentin SAIC y sus responsables a partir de la denuncia realizada por la Administración Federal de Ingresos Públicos.
La denuncia
La Administración Fiscal de Ingresos Públicos (AFIP) denunció penalmente a Vicentin y sus responsables en agosto de 2020. Tras detectar una maniobra fraudulenta sobre los reintegros de IVA por exportaciones de granos que fueron solicitados por Vicentin entre 2016 y 2019.
La operatoria denunciada consistía en utilizar, registrar y presentar facturas apócrifas millonarias generadas por 54 presuntos proveedores, que fueron incluidos en la base de usinas de comprobantes apócrifos. La fiscalización de la AFIP constató irregularidades en las empresas y personas humanas.
El organismo pudo determinar, entre otros elementos, que las sociedades utilizadas no poseían plantas de acopio de granos, no tenían capacidad económica ni financiera y no podían justificar el origen de la mercadería. Además, de que los comprobantes presentados para justificar los reintegros eran falsos, en tanto no denotaban actividad real.
La Resolución
Los jueces de la Cámara Federal de Apelaciones de Resistencia entendieron por mayoría que correspondía confirmar los embargos sobre los bienes de Vicentin SAIC como también de Daniel Buyatti, Alberto Macua, Sergio y Pedro Vicentin, Máximo y Cristian Padoan, Roberto Gazze, Martín Colombo, entre otros responsables, que se beneficiaron de las maniobras denunciadas.
Los representantes legales de Vicentin afirmaron que “la presente causa no surge de la investigación del ente recaudador, sino que se enmarca en el cuadro de una feroz campaña mediática”, mediante "distintos procedimientos de naturaleza política y parlamentaria, los que tienden a controlar y preservar los activos de la empresa investigada".
De todos modos, el fallo considera “proporcionada y razonable” la medida cautelar de embargo dictada en primera instancia, que los abogados de Vicentin SAIC habían considerado “arbitraria” en su escrito de apelación. |
