Tanto el ministro de Educación Nicolás Trotta, como el de Justicia, Martín Soria, le enviaron una carta conjunta a Rodolfo De Vincenzi, titular de la Confederación Argentina de Instituciones de Enseñanza Privada (CAIEP), con el fin de ratificarle la vigencia del decreto presidencial que suspende las clases presenciales hasta el 30 de abril en toda el Área Metropolitana de Buenos Aires (AMBA).
En el escrito reconocieron la "incertidumbre y confusión" que se generó para la comunidad educativa tras la disputa judicial entre el gobierno nacional y el porteño para ver si hay clases presenciales o no en la Ciudad.
Lo que dijeron
Los funcionarios solicitaron que se acate el decreto nacional dispuesto por Alberto Fernández en el marco de las restricciones anunciadas por la segunda ola de coronavirus y remarcaron la obligación por parte de las instituciones privadas de facilitar los medios para que los alumnos y los trabajadores de la educación no sean forzados a exponer su salud en medio del crecimiento exponencial de casos.
"Le queremos hacer saber que el Decreto N° 241/2021 es una norma federal que se encuentra vigente, por lo cual corresponde sostener la continuidad educativa no presencial o en contexto virtual hasta el 30 de abril de 2021 en todos los niveles y en todas sus modalidades en el aglomerado del Área Metropolitana de Buenos Aires (AMBA). El mencionado decreto dispone medidas sanitarias que dan cuenta del severo riesgo epidemiológico para la población, causado por la velocidad en el aumento de la curva de contagios, particularmente en la zona del AMBA", comunicaron.
La carta también fue enviada a las autoridades del Consejo Superior de Educación Católica (Consudec), de la Confederación Argentina de Instituciones de Enseñanza Privada (Caiep), Junta Coordinadora de Asociaciones de la Enseñanza Privada de la Argentina (Coordiep), y de la Junta Nacional de Enseñanza Privada (Junep).
Del otro lado de la vereda
En contraposición, la ministra porteña de Educación, Soledad Acuña, aseguró que el gobierno nacional está haciendo “un llamado de atención, pero no tiene jurisdicción para indicar, ordenar ni apercibir en el caso de que no sigan (los colegios) lo que ellos exponen”.
Añadió: “Seguimos sosteniendo la misma postura, que hay un fallo de Cámara local que reconoce la competencia del gobierno de la Ciudad para administrar la política educativa, y el jefe de Gobierno decidió que las clases sigan presenciales y los colegios lo acompañan y comparten”. Aunque el pasado martes el fallo de la Cámara porteña quedó sin efecto por la justicia federal.
Por otra parte, los miembros de Sadop (Sindicato Argentino de Docentes Privados) se reunirán el jueves con Trotta con el objetivo de regularizar la situación de los trabajadores de la educación perjudicados por la presencialidad forzada. |
