La causa sobre el derrumbe del entrepiso del boliche Beara, enciende nuevamente las alarmas. A 11 años del suceso, un ex empleado declaró en el inicio del juicio, que uno de los dueños entregaba "sobres". Como una película de gangsters, destacó la reiterada presencia de un hombre vestido de oscuro que los fines de semana "venía a ver el local".

"No recuerdo el contenido pero el sobre sí", dijo el empleado de la limpieza, Damián Riveros, pero según su declaración, el hombre "parecía que trabaja para el Estado”. De esta manera, ratificó que Juan Yun, uno de los propietarios acusados, "ponía plata en un sobre" para “mantener” las irregularidades del local fuera de la mesa de asuntos a tratar.

Aquel 10 de septiembre de 2010, el boliche Beara de Scalabrini Ortiz 1638 vivió un infierno cuando luego de un recital del grupo "Ráfaga", el entrepiso se derrumbó y causó la muerte de Ariana Lizarriaga de 21 años y de Paula Provedo de 20, además de numerosos heridos. El juicio iniciado contra los tres propietarios del lugar, funcionarios del gobierno de la ciudad y policías federales, no solo es por el homicidio sino también por el presunto pago de sobornos que realizaban los dueños para eludir responsabilidades.

Juan Yun, Agustín Dobrila e Iván Fliess afrontan la acusación de "homicidio culposo agravado por el número de víctimas en concurso ideal con lesiones culposas y leves", y también son acusados de "cohecho activo" por el presunto pago para que Beara funcionara pese a las irregularidades.

En cuanto a los funcionarios, son juzgados por los mismos delitos que los empresarios el ex director de Habilitaciones y Permisos del Gobierno de la Ciudad, Martín Farrell; el ex director de Habilitaciones Especiales, Pablo Saikauskas; el ex jefe del Departamento de Esparcimiento, Norberto Cassano; el arquitecto responsable de Verificaciones y Habilitaciones, Isaac Rasdolsky; y el inspector del Área de Esparcimiento, Carlos Gabriel Mustapich. Cerrando el grupo de funcionarios acusados está la ex directora de Fiscalización y Control del Gobierno de la Ciudad, Vanesa Berkowski, acusada de "incumplimiento de deberes de funcionario público", por no haber fiscalizado debidamente. También están involucrados el ex comisario de la Policía Federal Rodolfo Cabezas y los agentes Gustavo Flaminio, Luis Acosta y Julio González, por haber recibido cuatro sobornos de los dueños del boliche entre 2007 y 2010, según la acusación fiscal.

Otra indicación fuerte que mostró Riveros, fue el vox populi que se hablaba entre los empleados: el estado del entrepiso de madera, aluminio y yeso: "Lo hablamos varias veces con los compañeros y lo hablamos con Agustín (De Grazia, encargado) cuando sentías que la gente rebotaba arriba tuyo", y aclaró que "no recuerdo que hayan hecho obras: no hicieron nada que yo sepa".

Román Ferreira, Leandro Pontoriero y Matias Campomar, tres amigos que estaban en el entrepiso cuando se derrumbó, coincidieron que luego del recital, todos subieron a esa plataforma.

"Cuando empezaron a subir todos sentimos que se movía el entrepiso. Les dijimos que se iba a caer y a los pocos minutos se cayó", narró Mariana Pereyra. El juicio está previsto que continúe el próximo lunes con la asistencia de más testigos.

La noche del horror

Beara Lounge Club, estaba habilitado como restaurante, café bar y casa de fiestas privadas. Después del accidente se tomaron una serie de medidas para regular el funcionamiento de locales nocturnos. Los testigos dicen que funcionaba como boliche encubierto, al que se podía acceder pagando $ 20 de consumición.

“Salí de jugar al rugby con mis amigos y fuimos a Beara a tomar algo porque sabíamos que tocaba Ráfaga –contó Ferrari–. No teníamos invitación, pero en la puerta pagamos $ 20 y entramos. Subimos al entrepiso, donde había unas 200 personas”, dijo un sobreviviente.

“La banda gritaba ‘salten, salten’ y cuando empezamos a saltar en el entrepiso los patovicas nos hicieron calmar. Hace un año, en un cumpleaños, nos habían dicho que no saltáramos porque se iba a caer el techo. Y el piso vibraba cuando bailabas”, sumaron en ese entonces.

Cuando terminó el show, se fue mucha gente. “Quedamos unos 200. Cerca de las 4, con mis amigos estábamos yéndonos cuando la música se cortó. Vimos salir a un chico con la cabeza lastimada y a unas chicas que gritaban que llamara al 911. Se había caído el entrepiso que daba al fondo del local. Por un momento, quedó sostenido por la cabina del DJ, que estaba debajo de la escalera y sirvió de tobogán para que algunos escaparan. Al final se cayó todo y parte de un pasillo que llevaba a otro entrepiso”.

 “Levantamos el techo para ayudar a los que quedaron abajo. La gente estaba muy lastimada. Se oían gritos. También sacamos a la chica rubia que murió y que estaba justo debajo del entrepiso que se cayó. Estaba muy mal. Las ambulancias llegaron rápido”, agregó el testigo.

“Después de la caída no encontraba a mis amigos. Había que buscar por donde salir, pasando por arriba de la gente. Una chica me agarró del brazo y me ayudó. Salimos al fondo del local donde rompimos a patadas una puerta que tenía traba. Pero no era una salida de emergencia: daba a un patio, donde tomamos aire y me reencontré con mis amigos”, contó.

Cuando cayó el entrepiso, los ex Ráfaga subían al VIP, pero todavía estaban sobre la escalera, que se mantuvo en pie. En ese momento, en el local también estaba el Casi Ángeles Peter Lanzani.

El Gobierno porteño informó que el local estaba habilitado desde el 24 de agosto de 2009 como “restaurante, cantina, casa de lunch, café bar, whiskería, cervecería y casa de fiestas privadas”. Tenía permitida una capacidad de 491 personas, en 491,86 m2. También estaba habilitado el entrepiso, por un certificado de sobrecarga firmado por un profesional matriculado. Según la Agencia Gubernamental de Control, el local fue fiscalizado 9 veces eseaño. En ese entonces, el jefe de Gabinete porteño, Horacio Rodríguez Larreta, sostuvo que “no hubo fallas en el control del Estado” del local y que el entrepiso se derrumbó por “un mal uso de las instalaciones”. 

Tras el hecho, a través de un decreto se incorporaron nuevas exigencias de seguridad (entre ellas, el cartel luminoso que informe la capacidad permitida), se definió la actividad “casa para fiestas privadas” y también los denominados “club de cultura”, se creó un Registro Público de Bares y la figura de “Permisos Especiales” para eventos masivos. 

Casi un año después, abrieron otro local que no contaba con habilitación. Se trataba del local llamado "Rabbit", que fue clausurado por la Agencia Gubernamental de Control después de que inspectores porteños encontraran unas 300 personas bailando en el lugar que no estaba habilitado ni inscripto en el Registro Público de locales bailables.|