Las autoridades de California (EEUU) multaron a Uber con 59 millones de dólares por no haberles facilitado la información que le exigieron sobre casos de acoso sexual de sus conductores, según informó el San Francisco Chronicle.

Según el documento entregado por la Comisión de Servicios Públicos de California a la empresa, también se amenaza a Uber con detener sus operaciones si no paga la sanción y no facilita la información requerida en un período de 30 días.

La empresa, por su parte, admite públicamente que no ha facilitado la información requerida y lo justifica con el argumento de la protección de la privacidad de las víctimas, un razonamiento con el que coinciden algunas asociaciones de víctimas de este tipo de delitos.

Que sea el Gobierno californiano el que ahora amenace con obligar a Uber a cesar operaciones resulta, por lo menos, curioso, puesto que hace apenas unos meses era la compañía la que amenazaba con dejar de operar en ese estado norteamericano.

A principios de 2020, la Legislatura de California aprobó una ley que obligaba a Uber y Lyft (y a las otras empresas de la llamada economía colaborativa) a clasificar a sus conductores como empleados, lo que podría disparar los costos de personal de estas dos firmas y poner en duda su modelo de negocio.

Las empresas se opusieron con uñas y dientes a la medida, estuvieron a punto de cesar sus operaciones en California (donde ambas tienen la sede) y finalmente lograron trasladar el contenido de la ley a los votantes mediante un referéndum celebrado el pasado 3 de noviembre, en el que estos rechazaron que se implementase según su redacción original y dieron una victoria a las compañías.

Clasificar a sus conductores como empleados asalariados en lugar de contratistas (su estatus actual) supondría para Uber y Lyft, entre otras cosas, tener que hacerles un contrato, pagarles un salario fijo y ofrecerles beneficios como el seguro médico, días de vacaciones y por enfermedad.

*Con información de agencia EFE