El gobierno presentó al Congreso nacional, que se apresta a aprobarlo, el proyecto de ley del anunciado “Plan de los 1.000 días”. Con el nombre de “Ley Nacional de Atención y Cuidado Integral de la Salud durante el Embarazo y la Primera Infancia”, se propone crear una nueva prestación asistencial llamada “Asignación por Cuidado de Salud Integral”, la digitalización de los certificados de nacimiento desde el RENAPER y una serie de medidas a ejecutar por el Ministerio de Salud nacional para el cuidado de los niños, como la provisión de medicamentos, vacunas, leche y alimentos. La iniciativa se presenta como un contrabalanceo al proyecto de ley de despenalización del aborto.
Esta iniciativa se inserta en una organización del Estado basada en la regla de que las provincias detentan todas las competencias no delegadas expresamente a la Nación. En el tema de salud pública, la Constitución nacional no contempla ninguna delegación. Por el contrario, en todas las constituciones provinciales las provincias se reservan para sí las responsabilidades en salud pública. Bajo esta arquitectura institucional, el Ministerio de Salud nacional es una estructura sin competencias directas sobre el sistema de salud.
Sin perjuicio de ello, el Ministerio de Salud nacional gestiona 15 programas nacionales de ayuda a las provincias. En el presupuesto 2021 se asignan a estos programas $110 mil millones, de los cuales $20 mil millones son para cuidado de la niñez. En términos de resultados, según datos de la Organización Mundial de la Salud, se observa que:
- En la Argentina, la tasa de mortalidad infantil de menores de 5 años es de 10 por cada 1.000 nacidos vivos.
- En Uruguay, esta misma tasa es de 8 por cada 1.000 nacidos vivos.
- En Chile es de 7 por 1.000 nacidos vivos.
Estos datos muestran que la tasa de mortalidad infantil en Argentina es mayor que en Uruguay y Chile, países comparables dado sus niveles de ingresos. Considerando la cantidad de nacimientos por año, esto implica que si la Argentina tuviera una tasa de mortalidad infantil similar a la de Uruguay se evitarían 1.400 muertes por año y si se aproximara a la de Chile se evitarían 2.000 muertes de niños por año. Esto equivale a evitar entre 4 y 6 niños muertos por día.
Una de las razones que explican este fracaso sanitario lo brinda un relevamiento del Ministerio de Salud nacional. Este estudio señala que en los hospitales públicos el 37% de los nacimientos se realizan sin las condiciones obstétricas y neonatales esenciales. Es decir, unos 23.500 nacimientos por año se realizan en condiciones inseguras. Se trata de una evidencia clara de que el sistema sanitario administrado por las provincias funciona con muchas deficiencias y que los programas del Ministerio de Salud nacional no las corrigen. Muy por el contrario, la superposición de funciones genera despilfarro de recursos públicos y diluye las responsabilidades respecto al fracaso. Con este antecedente, sorprende que el “Plan de los 1.000 días” persista en profundizar la superposición de funciones sanitarias entre la Nación y las provincias.
En relación a la identificación de los nacimientos, el “Plan de los 1.000 días” incurre en un error análogo. La gestión del registro civil está descentralizada en los municipios bajo regulación de las provincias y la Nación. Es cierto que el sistema funciona mal y eso genera alta incidencia de indocumentación con graves consecuencias sociales. Pero el problema no se va a resolver montando una estructura de registración paralela como se propone en el “Plan de los 1.000 días”. Esto, como ocurre con los programas nacionales del Ministerio de Salud de la Nación, sirve para el anuncio político. Pero la mejora en el servicio público no se logra superponiendo acciones sino modernizando la gestión.
Otro despropósito del “Plan de los 1.000 días” es la creación de la “Asignación por Cuidado de Salud Integral” que se define como un estipendio anual condicionado al cumplimiento de los controles médicos y vacunación. Es decir, un mecanismo igual al de la Asignación Universal por Hijo (AUH) que funciona mal debido a los primitivos mecanismos que usa la ANSES para controlar las condicionalidades. Como ocurre con la salud pública y el registro civil, la solución para los controles médicos a los niños no pasa por crear una nueva asignación superpuesta con la AUH, sino modernizar la gestión en la ANSES.
