Por medio de su Observatorio de MuMaLá: "Mujeres, Disidencias, Derechos", se realizó un Registro Nacional de Femicidios, Femicidios Vinculados, Trans/Travesticidios, Lesbicidios y otras muertes violentas, desde el 1° de enero al 30 de septiembre, donde se constató la necesidad de declarar la emergencia por él Ni una Menos", con el objetivo de priorizar recursos humanos y económicos para la atención integral de mujeres e integrantes de la comunidad LGTBIQ+ ante el incremento de situaciones de violencia de género.
"De 285 muertes violentas de mujeres, lesbianas, travestis -trans, 169 son femicidios, muertes evitables y un Gobierno que no reacciona ante el pedido de Emergencia Ni una Menos y ni hablar de un acompañamiento integral a las víctimas de violencias de género. Sigue siendo un flagelo de la sociedad y no está siendo abordado como corresponde. El estado es responsable de garantizarnos la seguridad y libertad de llevar adelante nuestras vidas", resaltó la referente provincial de MuMaLá, Carolina Maidana.
En los últimos 9 meses, se perpetraron muertes violentas de mujeres, travestis y trans, una cada 25 hs. Solo 162 son femicidios, femicidios vinculados y trans-travesticidios, cometidos uno cada 38 hs: 140 fueron con vínculo directo, 7 vinculados a niñas/mujeres, 15 vinculados a niños/varones, 7 trans/travesticidios y 38 son muertes violentas en proceso de investigación.
Además, se produjeron 314 intentos de femicidios, mientras 207 niños, niñas y adolescentes se quedaron sin madres. Dentro del país, las provincias que presentaron una tasa más alta de femicidios fueron Tierra del Fuego con 2,2, La Pampa con 1,6 y Santiago del Estero con 1,4.
En dichas provincias, el 61 % de los femicidios fue cometido por parejas o ex parejas, el 12% por hombres familiares directos de la víctima, el 12% por hombres conocidos por la víctima, el 6% por familiares indirectos, el 4% por desconocidos de la víctima y sólo un 5% no se poseen datos del femicida.
La edad promedio de las víctimas es de 38 años, de las cuales, el 16% ya había denunciado a su agresor y un 15% tenían antecedentes penales por violencia de género. "Nuestro domicilio sigue siendo el lugar más inseguro para nosotras. El 62 % fue cometido en la vivienda de la víctima o en la vivienda compartida y un 6% por personas de las fuerzas de seguridad (policías, militares, servicio penitenciario, ya sean activos o retirados)", destacaron desde MuMaLá.