Un estudio realizado por el Programa de Desarrollo Económico de CIPPEC exploró cómo reabrir plenamente la actividad económica y organizar el retorno al trabajo reduciendo la proximidad física en cada instancia de interacción del trabajador con su espacio laboral.
El documento indica que las condiciones de trabajo en pandemia lejos están de ser la ideales en un contexto de pandemia. El 86% del mercado laboral argentino trabaja “relativamente cerca de otros” - por ejemplo, en una oficina compartida -, mientras que más de 2,3 millones de trabajadores (casi un 14%) lo hacen a un brazo de distancia o menos.
Además, 2 de cada 10 personas ocupadas trabajan en contextos de mala ventilación o en espacios reducidos, y casi el 10% de los trabajadores argentinos están expuestos siempre o muchas veces a malas condiciones sanitarias en su lugar de trabajo.
El documento establece con qué frecuencia los trabajadores están expuestos a lugares de trabajo de espacio reducido o con mala ventilación. Combinando estas dos dimensiones, encuentra que de 13,3 millones de ocupados, unos 2,3 millones (un 17%) trabajan bajo alguna una de estas dos condiciones. “Aquí aparece un elemento central del riesgo sanitario: aproximadamente 2 de cada 10 personas ocupadas que realizan sus tareas en el establecimiento, trabaja en contextos de mala ventilación o en espacios reducidos”, dice el documento. Esta medida de riesgo combinada tiene mayor incidencia (mayor a 20%) en sectores como transporte y almacenamiento, electricidad, gas y agua, enseñanza, salud, administración pública, y hoteles y restaurantes (Figura 1).
Además, el documento aporta evidencia sobre la frecuencia en la que los trabajadores están expuestos a servicios sanitarios en malas condiciones (baños, vestuarios, agua potable) en su lugar de trabajo. “De los 12,5 millones de ocupados para los que contamos con datos, unos 1,1 millones (casi el 10%) están expuestos siempre o muchas veces a malas condiciones sanitarias en su lugar de trabajo. El sector con mayor incidencia de este factor de riesgo es el de electricidad, gas y agua (46%), seguido de lejos por construcción (20%), enseñanza (19%), actividades agropecuarias y pesca (17%), transporte y almacenamiento (17%), administración pública (14%), minería (11%) y salud (10%) (Figura 2).
Por último, el documento analiza el riesgo sanitario que se da en el traslado hacia el trabajo en función al medio de transporte utilizado. Un 31% del total de trabajadores -esto es, unas 5,2 millones de personas- utiliza algún medio de transporte público para concurrir al trabajo. Las ocupaciones asociadas a ramas de actividad de servicios utilizan intensivamente los medios de transporte público. En efecto, si sumamos los trabajadores que viajan en subte, tren, colectivo o combi para concurrir al trabajo, entonces para el servicio doméstico y los servicios sociales y de salud llegamos al 43% del total del sector, mientras que para la industria o la construcción, ese ratio es menor al 30%.
El documento establece además mecanismos de mitigación de los riesgos, clasificando las medidas de los protocolos según su capacidad de mitigar el riesgo sanitario y según su impacto económico. “Se desprende del análisis que el sistema de protocolos sanitarios implementado es un primer paso en la dirección correcta; el siguiente es imprimirle la efectividad y sostenibilidad necesarias a través de mecanismos de evaluación y aprendizaje continuo”, explica el informe.
