El escándalo que se desató a mitad de semana en Chubut cuando la legislatura provincial aprobó un proyecto para la explotación minera, volvió a colocar en vidriera al poderoso lobby de las multinacionales de la industria minera en el país y abrió las heridas de uno de los peores desastres ambientales de la historia argentina, ocurrido en la provincia de San Juan.
“En Chubut está pasando lo mismo que en San Juan, donde la megaminería se apoderó de los tres poderes del Estado provincial”, advirtió a Negocios & Política Enrique Viale, el abogado ambientalista que embistió contra la multinacional canadiense Barrick Gold por contaminar millones de litros de agua en cinco ríos en la provincia gobernada por Sergio Uñac.
En septiembre de 2015, en el complejo que Barrick Gold tiene en Valadero –una mina a cielo abierto ubicada a poco más de 4.000 metros sobre el nivel del mar y a unos 350 kilómetros al noroeste de la capital de San Juan– se derramó un millón setenta y dos mililitros de solución cianurada y otros metales pesados hacia el río Potrerillos. La dispersión de las soluciones tóxicas alcanzó otros cuatro cursos de agua y llegó al río Jáchal, según las pericias realizadas por la Policía Federal que se encuentran en una causa judicial.
Aquel fue el caso más grave, pero no el único. Justo un año después, en septiembre de 2016, ocurrió un nuevo derrame, aunque de menor magnitud. La multinacional los llama “incidentes”.
¿Saqueo con patente de corso?
Pero antes del “incidente” mayor, en la misma mina donde se extraen minerales de oro y plata, hubo al menos tres derrames. Pese a todos los antecedentes, Barrick Gold logró que se extendiera la explotación de Valadero por una década más.
En octubre pasado, el presidente y director ejecutivo de Barrick Gold Corporation, Mark Bristow, anunció el nuevo plan de producción a diez años para “extender la vida de Valadero”. Se trata de una inversión de 140 millones de dólares.
Por otra parte, la multinacional informó que “está explorando intensamente” en otras partes de la provincia de San Juan, “en busca de más recursos para el proyecto Pascua-Lama, que se extiende a ambos lados de la frontera entre Argentina y Chile”. Además, los equipos de exploración de Barrick están evaluando una variedad de “objetivos interesantes” a lo largo del cinturón de El Indio, alrededor de Veladero JV y en Quevar, en la provincia de Salta.
Otro lobby multinacional en la Corte
El “incidente” de 2015, que terminó siendo uno de los peores casos de contaminación en el país, explotó en una causa judicial que llegaría a la instancia de juicio oral y público después de la feria de verano. “Estamos esperando que pongan fecha, esa instancia debería haber sido el año pasado, pero no se pudo por la pandemia”, dijo Viale a Negocios & Política.
El abogado representa a la Asamblea Jáchal no se Toca y fue quien se encargó de llevar el caso a la Justicia. Por el caso hay dos investigaciones judiciales, pero aún no hay responsables.
Una de las causas fue instruida por el juez federal Sebastián Casanello. “En ese expediente se consiguió llevar a juicio oral a tres exsecretarios de Ambiente de la Nación y a un exsecretario de Minería. Todos están acusados por incumplimiento de los deberes de funcionario público. Es la primera vez que se lleva a juicio a quienes tendrían que haber cumplido con leyes ambientales, como la Ley de Glaciares”, explicó Viale.
Los exfuncionarios que estarán en el banquillo de los acusados son el ex secretario de Ambiente, Sergio Lorusso; el ex secretario de Ambiente de la Nación y actual intendente de Berazategui, Juan José Mussi; y el ex secretario de Minería, Jorge Mayoral. Pero en esa causa no se encuentra imputado ningún funcionario del Gobierno de San Juan, tampoco alcanzó a los ejecutivos de la poderosa multinacional.
La investigación que se realizó en los Tribunales de Comodoro Py “venía bien hasta que intervino la Corte Suprema de Justicia de la Nación y dividió el expediente”, se quejó el letrado que representa a la comunidad más afectada por la explotación minera de Barrick Gold. Argumentando una razón de competencia, la Justicia provincial se quedó con la parte en la que se investigaba la responsabilidad por el derrame de la multinacional y de los funcionarios de San Juan.
El expediente que se tramita en San Juan se encuentra “encajonado”, no tocó a ningún funcionario provincial y apenas imputó a ocho empleados de menor jerarquía de la minera por delito culposo por negligencia. La causa está en manos del juez de Jáchal, Pablo Oritja.
“La impunidad de los ejecutivos de Barrick y de los funcionarios provinciales fue posible por el Gobierno de San Juan y por la propia Corte Suprema que dividió el expediente pese a que se investigaba un delito federal”, apuntó Viale. El complejo minero de Valadero es considerado en el mercado como uno de los más importantes del mundo.
Para el abogado que representa a los asambleístas de Jáchal, la ciudad que está situada a 300 kilómetros río abajo de Veladero, en el Departamento de Iglesia, “el Gobierno provincial no hace nada porque está tomado por las multinacionales” de la megaminería. “No fue un derrame, fueron varios y están documentados. Nosotros exigimos en su momento el cierre inmediato de Valadero porque es contaminante y la cantidad de agua que se utiliza es enorme. Además, el lugar donde se encuentra es violatoria de la Ley Nacional de Glaciares; está en un ambiente glaciar y periglaciar, es un lugar donde nacen los ríos”, agregó Viale.
La respuesta de Uñac
En marzo de 2017, se produjo otro “incidente”, que según comunicó la multinacional se debió al “desacople de cañerías” y “no afectó a personas ni cursos de agua y fue contenido por personal de la empresa”. Frente al nuevo escándalo, Sergio Uñac se vio obligado a decir algo. “Voy a ser implacable en el cumplimiento del medio ambiente. Barrick va a tener que ponerse a la altura de las circunstancias”, dijo el mandatario.
Sin embargo, ahora la compañía tiene vía libre para otros diez años de explotación. El sanjuanino Alberto Hensel habría sido uno de los hombres clave para la extensión de los permisos.
Hensel, considerado “un minero” con buena llegada a la Barrick Gold por las cámaras y empresarios del sector, asumió como secretario de Minería de la Nación con la llegada de Alberto Fernández a la Presidencia. El pasado 9 de diciembre, el ministro de Desarrollo Productivo de la Nación, Matías Kulfas, le agradeció públicamente por su “compromiso” y aceptó su renuncia al cargo.
Al otro día, Uñac ungió a Hensel como ministro de Gobierno de San Juan. “Conozco su capacidad y confío plenamente en él para gestionar esta cartera tan importante”, escribió el mandatario provincial en su cuenta de Twitter. El mandatario no mintió, conoce bien a Hensel porque lo había designado en 2015 como ministro de Minería de San Juan, justamente el año en el que la provincia sufrió la peor catástrofe ambiental del país a causa de la minería. Claramente el flamante ministro de Gobierno fue uno de los que zafó de la causa judicial en el que se investiga el derrame de Barrick Gold de 2015.
Con un juicio a pasos de la instancia oral y pública, y una causa “encajonada”, el caso de San Juan podría tomarse como otro funesto antecedente de lo que podría ocurrir ahora en Chubut, donde el Gobierno de Mariano Arcioni dio rienda suelta a la megaminería y no dudó en reprimir esta semana a los manifestantes que protestaban contra la aprobación de la “rezonificación minera” para explotar la región de la Meseta. |
El gobernador de Chubut, Mariano Arcioni, y Alberto Hansel.
