"Las administraciones hablan a través de sus presupuestos" solía repetir un viejo político radical recientemente fallecido. La frase es una verdad revelada para todos los gobiernos y el actual no parece poder escaparse de ella. Es por eso que un año electoral y con el fin de cumplir con el presupuesto de Martin Guzmán, el presidente Alberto Fernández buscó y encontró a través de bancos de desarrollo extranjeros como mantener los programas sociales que pueden inclinar la balanza en la elección de medio término de este año.
De esta manera, cuando esta semana la CAF le anunció al Presidente financiamiento por otros 300 millones de dólares para la Tarjeta Alimentar, aumentando de $7.500 millones a $10.000 millones las transferencia, quedó allanado el camino para que el gobierno logre reducir el déficit fiscal del Presupuesto - como quiere Guzmán y pide el FMI- y no se desfinancie la ayuda social.
Mediante una videoconferencia desde la Residencia de Olivos y durante la primera reunión de 2021 del Consejo Federal Argentina Contra el Hambre, en la que se anunció que el Banco de Desarrollo de América Latina aportará un crédito de 300 millones de dólares para el financiamiento de la Tarjeta Alimentar que se sumará al aprobado a fines de 2020 por la misma suma. Fernández agradeció "porque nos ha ayudado muchísimo el año anterior, cuando financió 300 millones de dólares y éste nos está destinando otros 300 millones de dólares que son centrales para lograr los objetivos que queremos alcanzar”.
Las palabras del Primer Mandatario, bajo la atenta mirada del titular del organismo multilateral, Luis Carranza Ugarte, no son solo protocolares: la Argentina seguirá buscando créditos externos para financiar planes sociales.
Es que las transferencias sociales serán clave este año donde no habrá Ingreso Familiar de Emergencia (IFE) para los casi 9 millones de personas que lo cobraron en 2020. En cambio, lo que si habrá es partir del tercer viernes de febrero de 2021, el monto que se depositará en la Tarjeta Alimentar, el cual para familias con un hijo pasará de 4.000 a 6.000 pesos y para quienes tengan más de un hijo será de 6.000 a 9.000 pesos.
El beneficio, dicen los asesores del gobierno, es mucho más útil social y políticamente que el IFE. Explican que eso se debe a que durante 2020 y por la pandemia, el 34% de las familias más pobres del país (condensadas en más de un 70% en el conurbano bonaerense) redujera su consumo de alimentos.
En este contexto es que Fernández, volvió a expresar su preocupación por el costo de los alimentos y dijo: “no puede ser que esta oportunidad de desarrollo se convierta en un aumento de precios”. No es raro que haya elegido al ministro de Desarrollo Social, Daniel Arroyo (y en menor medida a la titular del Consejo Nacional de Coordinación de Políticas Sociales, Victoria Tolosa Paz) como los alfiles principales para mantener y aumentar los votos que saco en 2019 en el conurbano bonaerense.
La apuesta no es menor: hasta el momento el Ministerio de Desarrollo Social emitió 1.567.751 unidades de Tarjeta Alimentar, destinadas a 1.945.047 niños y niñas que se encuentran bajo la Asignación Universal por Hijo (AUH), 45.710 embarazadas y 49.520 personas con discapacidad. Pero no solo eso: en 2020, el Gobierno nacional destinó 8.261 millones de pesos a suplementar el sistema alimentario escolar, política que alcanzó a 19.432 instituciones educativas en todo el país, y a través del Programa Abordaje Comunitario se apoyó a 5.523 merenderos y comedores comunitarios los que concurren 550.000 personas.
También se distribuyeron 8.601.934 módulos alimentarios y 1.727.792 canastas navideñas a gobiernos locales y organizaciones. Directa e indirectamente, la ayuda social en la Argentina es la mitad de la población económicamente activa (PEA) del país, que ronda los 20 millones de habitantes.
La apuesta del gobierno para ganar las elecciones acaso no esté direccionada entonces hacia la clase media -con un voto demasiado volátil para el gobierno- sino fortaleciendo los lazos de ayuda social con el 70% de los hogares más pobres del país, que en 2020 recibió alguna prestación social, sin olvidar al 48% que fue beneficiario de algún programa diseñado específicamente para paliar los efectos de la pandemia (IFE, ATP y bonos), pero centrándose en los que están más abajo de la pirámide social.
Es por eso que las ayudas sociales se cobrarán este año en mayor proporción en el Conurbano que en CABA, apuntándola directamente para quienes tienen menores niveles de instrucción y en hogares con niños o adultos mayores.
"En 2020, con esta política, solo en la primera ronda de IFE la caída por debajo del umbral de pobreza de entre 5% y 6% de la población. Este año vamos a hacer que esos argentinos estén mejor que en 2020" afirmó a N&P uno de los sociólogos que más escucha el Presidente, que parece saber muy bien que los votos, como las casas, se construyen "de abajo hacia arriba”.|
