La justicia uruguaya resolvió suspender el proceso de extradición del diputado argentino Fabián “Pepín” Rodríguez Simón hasta tanto haya una resolución firme vinculada con su pedido de refugio; pero dispuso al mismo tiempo que le cierren las fronteras y le retengan todos los pasaportes para que no pueda salir de ese país.

La decisión fue adoptada por la jueza letrada Penal Especializada en Crimen Organizado de 1º Turno, Adriana Chamsarian, luego de la audiencia de debate desarrollada esta tarde en Montevideo, según fuentes judiciales de ese país.

El pedido de extradición de Pepín, como supuesto ariete de la mesa judicial de Cambiemos, fue formulado por la jueza federal María Romilda Servini en el marco de la causa en la que se investigan supuestas presiones y asfixia financiera del gobierno de Mauricio Macri a los accionistas del Grupo Indalo, dueño de la señal de noticias C5N y de Radio 10, entre otros medios.

La definición le quedó a la justicia, porque el artículo 41 de la Ley de Derecho al Refugio de Uruguay habilita a que "cuando los pedidos de extradición recaigan sobre solicitantes de refugio, será el Juez de la causa quien, en forma excepcional, previo informe de la Comisión de Refugiados, adoptará resolución sobre la solicitud de refugio, antes de resolver sobre la extradición".

De todas formas, para decidir si le concede el status requerido o no, la jueza deberá contar con el informe de la Comisión de Refugiados que está integrada por un representante del Ministerio de Relaciones Exteriores uruguayo, uno de la Dirección Nacional de Migración, uno de una universidad, un legislador, dos de organizaciones no gubernamentales y el Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Refugiados o su representante, con derecho a voz, pero sin voto.

En la resolución, la jueza Chamsarian dispuso “suspender el presente proceso de extradición del señor Fabián Rodríguez Simón hasta resolución firme sobre la cuestión previa invocada de su calidad de refugiado”. En el mismo fallo le impuso a Pepín las obligaciones de “constituir domicilio en el país y entregar los pasaportes que pueda tener en su poder” dentro de las 24 horas posteriores a la resolución, al tiempo que ordenó “disponer el cierre de fronteras, oficiándose en carácter de urgente”.

Los hechos:

Fabián "Pepín" Rodríguez Simón, el ex operador judicial del ex presidente Mauricio Macri, presentó un hábeas corpus ante la Justicia uruguaya para evitar ser detenido por Interpol tras el pedido que libró la Justicia Argentina para su captura, por supuestamente haber formado parte de una maniobra para desapoderar de sus bienes y meter presos a los empresarios Cristóbal López y Fabián De Sousa.

En una audiencia, la fiscalía uruguaya en turno reclamó sea rechazado el pedido presentado por el ex asesor de Macri: si finalmente es rechazado se procederá a su detención y remisión a la Argentina tal cual lo reclamó la jueza María Servini. La fiscal uruguaya consideró que la oposición de "Pepín" Rodríguez Simón es a una medida judicial y no administrativa, y paralelamente resta saber el pedido de asilo político que hizo ante el gobierno uruguayo.

Mientras tanto, Servini dispuso la inhibición general de bienes de Rodríguez Simón y el congelamiento de todas sus cuentas bancarias y activos en el país. Rodríguez Simón "se encuentra en la República Oriental del Uruguay desde el día 8 de diciembre de 2020, sin haber dado aviso de dicha circunstancia al Juzgado, como sí lo había hecho anteriormente", explicó la jueza al emitir la orden de captura.

Servini libró exhorto internacional a Uruguay pidiendo a sus autoridades que "de manera muy urgente, arbitren los medios para que se proceda a la localización de Rodríguez Simón y se prohíba su salida de ese país".

La jueza descartó que existan razones para que "Pepín" se considere un perseguido por cuestiones políticas. "Los delitos que aquí se investigan de ningún modo pueden ser considerados delitos políticos, y su condición de funcionario público –aún no determinada fehacientemente– no puede ser entendida como suficiente para estos fines", indicó.

El ex asesor de Macri está acusado de una maniobra de "hostigamiento y ahogo financiero para con las empresas del Grupo Indalo" que "habrían importado casos de corrupción a través de los cuales, con abuso funcional y desvío de intereses, habrían producido perjuicios económicos tanto a particulares, como al patrimonio nacional".

Según el expediente, esa presunta maniobra tuvo "el objetivo de llevar al derrumbe de las empresas integrantes de aquel grupo para su liquidación y venta a precio vil, presuntamente en beneficio de intereses empresarios afines al Gobierno y en perjuicio de los intereses públicos por los que debía velar el organismo recaudador nacional (Administración Federal de Ingresos Públicos)".

"Rodríguez Simón, diciéndose representante del entonces Presidente, Mauricio Macri, habría participado de diversas reuniones con el querellante Cristóbal Manuel López, y sus socios (Federico de Achával y Ricardo Benedicto), en las que les manifestaba las pretensiones económicas y operativas que tenía el Gobierno, y que en caso de que no fueran acatadas les traería consecuencias negativas tanto para sus empresas como para ellos", añade la descripción de la jueza.|