En un documento, los expertos en seguridad expusieron que la complejidad del crimen organizado en Rosario responde a una conjunción de variables entre las que destacan las debilidades institucionales del Estado en todos sus niveles y poderes además de:

• Carencias del proceso de democratización en estas últimas décadas 
• Incidencia de una corrupción transversal a la sociedad y los partidos políticos en todos sus estamentos
• Escasos niveles de profesionalización de las fuerzas de seguridad 
• Localización geográfica estratégica vinculada al comercio terrestre y fluvial -incluida la explotación de la Hidrovía-
• La degradación sistémica de la calidad de vida en las periferias urbanas
• Los efectos que la pandemia del COVID-19 vinculados a la creación de mercados ilícitos

El encuentro se realizó de manera virtual y estuvo organizado por el Centro de Estudios sobre Seguridad Hemisférica, Terrorismo y Criminalidad Financiera de la Universidad de Buenos Aires (CESH) que dirige Juan Félix Marteau, con el apoyo institucional de la Fundación de Investigaciones en Inteligencia Financiera (FININT).

En lo que se consolidó como la primera reunión de expertos en seguridad y justicia penal, consideraron que “La gravedad que ha alcanzado el fenómeno del narcotráfico en la Provincia de Santa Fe, cuyo efecto derrame afecta a todo el país, obliga a implementar una política de Estado consistente que, contando con el apoyo de todos los sectores políticos responsables, se oriente a erradicar a los actores corrompidos, a fortalecer el sistema de seguridad y justicia penal, y sobre todo, a proteger a los sectores sociales más vulnerables, en particular, a los niños, niñas y adolescentes que hoy en día se encuentran sometidos a la nueva esclavitud que genera este flagelo”.

Políticas públicas para paliar el flagelo

Uno de los objetivos del encuentro fue lograr consensos fundamentales sobre la necesidad de desarrollar medidas eficaces desde el Estado para impedir la consolidación de estas redes delictivas en otras ciudades estratégicas del país. 

Estuvieron invitados los fiscales Matías Edery y Luis Schiappa Pietra, titulares de la Agencia de Criminalidad Organizada y Delitos Complejos del Ministerio Público de la Acusación de la provincia de Santa Fe, y el fiscal Diego Iglesias, titular de la Procuraduría de Narcocriminalidad (PROCUNAR) del Ministerio Público Fiscal de la Nación. 

Por su parte, los fiscales dieron una primera aproximación sobre la respuesta judicial al narcotráfico en la provincia de Santa Fe. En tanto, los académicos analizaron diferentes aspectos que consideran centrales para enfrentar al narcotráfico y elaboraron un documento con 10 puntos que deberían implementarse para enfrentar a las bandas narco que amalgaman el narcotráfico con otras acciones del crimen organizado como el juego clandestino, la extorsión, el sicariato, la corrupción y otros delitos graves.

Los especialistas alertaron además que pese al encarcelamiento de los jefes de las organizaciones criminales más relevantes no disminuyeron los altos índices de violencia en la provincia de Santa Fe ni tampoco ha menoscabado la capacidad de esos grupos de sustituir al Estado en la prestación de servicios esenciales.

También agregaron que el “trabajo coordinado de la PROCUNAR, del Ministerio Público Fiscal de la Nación y la Agencia de Criminalidad Organizada y Delitos Complejos, del Ministerio Público de la Acusación de la Provincia de Santa Fe, sumado al coraje y la valentía con la que han actuado los jueces y fiscales -no obstante, las significativas presiones que debieron soportar a la hora de cumplir con su tarea- constituye un modelo probadamente efectivo a seguir y fortalecer”.

Medidas urgentes

• Implementación del sistema acusatorio
• Reestructuración legal y orgánica de la Policía de Santa Fe
• Reorganización del sistema de inteligencia criminal, tanto a nivel provincial como federal
• Investigación financiera y patrimonial complementaria a la investigación sobre el delito primario de comercio ilícito de estupefacientes.|