Argentina es unos de los principales proveedores de soja a escala mundial y su contrabando, que se ha incrementado en los últimos años, mueve millones de dólares. El negocio ilegal que hay entorno al grano es tan lucrativo que ya involucra a funcionarios corruptos e integrantes de las fuerzas de seguridad. Pero los que más parecen ganar son los propios productores.
“Primero llega en camiones hasta diferentes puntos fronterizos con Brasil y Paraguay, después se prepara la carga y es cruzada a través ríos o zonas de frontera seca. A Uruguay también se contrabandea, pero menos. Alguien produce todas esas toneladas soja, un porcentaje es exportada de manera legal y otra de manera ilegal. El productor es el principal beneficiario”, dice a Negocios & Política un oficial de Prefectura Naval de alto rango y con despacho cargado de recuerdos, con vistas al Río de la Plata.
Para el fiscal federal de la ciudad correntina de Paso de los Libres, Fabián Martínez, los involucrados en la mayoría de las maniobras de contrabando de soja son “grandes empresarios”. Bajo su jurisdicción tiene buena parte de la costa del río Uruguay, además de una de las rutas de mayor tránsito de transporte de cargas que atraviesa Corrientes.
El último año abrió alrededor de 80 causas judiciales por tráfico ilegal de toneladas de soja en la frontera con Brasil. En los expedientes abundan las coincidencias de nombres, sociedades y modus operandi. La situación es tan escandalosa que llamó la atención de la Procuraduría de Criminalidad Económica y Lavado de Activos (Procelac).
“Nadie toma control de esta situación y solamente la Justicia está tratando de avanzar en la investigación”, se queja el fiscal federal. “Esta gente está llenándose las arcas ilegalmente y evadiendo los pagos de impuestos”, agregó durante una entrevista a una radio de esa provincia del noreste.
La AFIP a la caza de los contrabandistas
Las estadísticas que manejan en el Ministerio de Seguridad de la Nación indican que el contrabando de granos, especialmente de soja, se incrementó a partir de 2020 cuando la pandemia de Covid-19 llegó al país. En menos de dos años, poco más de media docena de integrantes de las fuerzas federales fueron desplazados de sus puestos por estar involucrados en algún caso de tráfico del principal cultivo agroexportador del país.
A principios de mes fueron detenidas, en Misiones, ocho personas acusadas por integrar una presunta asociación ilícita dedicada al contrabando de soja a Brasil. Entre los apresados se encuentran cinco empresarios, dos gendarmes y un empleado de la Agencia Tributaria de esa provincia.
Un reciente informe de la Bolsa de Comercio de Rosario (BCR) indica que Argentina es el cuarto productor mundial de harina de soja y también el mayor exportador, concentrando más del 40% del mercado de exportación global. Saltó de la cuarta posición productora al primer puesto como exportador.
“Hay muchos factores que impulsaron esta situación. El dólar alto, las retenciones a determinados productos para la exportación, la rápida obtención de divisas, la ganancia que implica la evasión de impuestos. La política económica crea este tipo de situaciones”, no lo dice un contrabandista profesional ni un sojero dispuesto a correr riesgos por ganara más, sino una fuente de la Administración Federal de Impuestos Públicos (AFIP).
La semana pasada, el organismo que conduce Mercedes Marcó del Pont llevó adelante un decomiso de granos que fue catalogado como histórico por el Gobierno de Alberto Fernández. En un solo procedimiento se secuestró más de 8.100 toneladas de maíz que se encontraban almacenadas en distintos depósitos del puerto bonaerense de Campana y que estaban por ser exportadas a Uruguay a través de barcazas. Del operativo también participaron agentes de la DGI.
La carga secuestrada en la localidad bonaerense, según informó la AFIP, entra en unos 300 camiones y el valor del maíz decomisado, a valores del mercado oficial, supera los 160 millones de pesos. A lo que hay que sumar el monto de la evasión impositiva, que se estimó en poco más de 65 millones de pesos.
La investigación de los sabuesos de Marcó del Pont duró tres meses y se inició cuando una de las áreas operativas especializadas en la fiscalización detectó que había indicios de una presunta operación fraudulenta. Se descubrió que había productores que carecían de cualquier tipo de capacidad operativa para realizar la exportación y otros que habían sido inscriptos en los registros no hace mucho tiempo.
Hace unos días, la AFIP incautó unas 502 toneladas en un depósito fiscal en Rosario cuando se detectaron irregularidades en la documentación de la mercadería que estaba por ser exportada a Paraguay en 16 camiones con patente y choferes del país vecino. Los funcionarios de la Dirección Nacional de Aduana (DNA) y de la Dirección General Impositiva (DGI) encontraron varias puntas típicas de una operación de contrabando.
Las operaciones de contrabando suelen tener la Carta de porte, que es la que se utiliza para el transporte de granos y otras mercaderías, adulterada. El documento antes era un simple papel con algunos sellos y número de identificación, ahora es electrónica y de difícil falsificación. Otro de los puntos en común es la falsificación de facturas de compra, irregularidades en los datos de la trazabilidad de la mercadería en tránsito, y la utilización de documentación de operadores de comercio exterior robada, vencida o sin antecedentes que justifiquen determinados despachos de carga.
Empresarios y fuerzas de seguridad
En la causa que derivó con ocho detenciones, a principios de mes en la fronteriza Misiones, se realizó una docena de allanamientos simultáneos. Entre los detenidos, se encuentra el jefe del Escuadrón 9 de Gendarmería y un subalterno directo.
El noventa por ciento de las fronteras de la provincia son con el exterior (Brasil y Paraguay), y el resto limita con Corrientes. El escudo de seguridad de Misiones es un viejo colador para las diferentes camadas de contrabandistas.
Los allanamientos, ordenados por el juez federal Alejandro Gallandat, se realizaron en las localidades de Oberá, Panambí, El Soberbio, San Javier, Apóstoles, Colonia Aurora y Mojón Grande. Se incautaron teléfonos celulares, cargamentos de soja, dinero en efectivo de moneda nacional y extranjera, automóviles de alta gama, camiones y documentación.
Las investigaciones estuvieron a cargo de la Policía de Seguridad Aeroportuaria (PSA) y se iniciaron hace casi un año luego de una denuncia a la Procelac. Hubo intervenciones telefónicas, seguimientos e investigaciones fiscales.
Las cargas de soja y maíz llegaban en camiones a Misiones a través de la Ruta Nacional 12. Las descargas se las realizaba en diferentes depósitos y luego se la cruzaba por el Río Uruguay hasta la orilla brasileña. Los empresarios están acusados de facilitar el transporte y los galpones para el acopio. Los gendarmes habrían aportado cobertura a las operatorias. |
