La iniciativa tiene por objetivo transformar los planes sociales en empleo genuino a través de un puente de inclusión laboral que propicia el Estado mediante dos líneas de acción. Por un lado, brindando a los destinatarios de planes cursos de formación laboral a cambio de seguir recibiendo las prestaciones sociales por un máximo de dos años. Por otro lado sumará beneficios para las empresas que tomen primero como pasantes y luego como empleados efectivos a personas que estén registradas en el "Plan Federal de Capacitación para la Empleabilidad".

Paso a paso

El programa propuesto absorbe todos los planes sociales y obliga a todas aquellas personas beneficiarias a anotarse en un mínimo de dos capacitaciones anuales, que le demandarán un máximo de 20 horas semanales (y un tope de cuatro horas por día). Este es el requisito que se prevé para seguir percibiendo el monto equivalente al plan social. No obstante, la ley aclara que una vez transcurridos los 24 meses, el plan social percibido dejará de tener efecto y será dado de baja, porque ya se supone que la persona está preparada para insertarse en el mercado de trabajo formal.

La otra pata del proyecto tiene que ver con los beneficios para las empresas que contraten personas que participan en este plan de capacitaciones. En este sentido se establece que las empresas que contraten a las personas que perciben prestaciones sociales tendrán como única obligación mientras dure la pasantía laboral, la contratación de un seguro de accidentes personales, seguro de vida y una retribución no contributiva equivalente a medio salario mínimo vital y móvil. El ingreso del pasante seguirá a cargo del Estado nacional, que abonará el equivalente a la prestación social.

Una vez formalizada la relación laboral, el empleador abonará por el término de 12 meses, como mínimo, la diferencia entre lo percibido por el beneficiario de una prestación social y lo establecido por el convenio que rige al sector.

Sanciones

El proyecto establece que si un beneficiario de planes es detenido infraganti provocando daños a bienes de terceros o del Estado Nacional o cortando el libre tránsito sin autorización previa, será suspendido del beneficio social por 6 meses, y en caso de reincidencia será dado de baja de manera definitiva.

El proyecto de ley fue presentado por los diputados de PRO, José Núñez, Gustavo Hein, Pablo Torello y Soher El Sukaira. Además, lleva las firmas de los diputados nacionales Alfredo Schiavoni, Virginia Cornejo, Sofía Brambilla, Gustavo Santos, Adriana Ruarte, María Sotolano, Karina Bachey, Héctor Stefani, Federico Angelini, Aníbal Tortorielo y Rogelio Frigerio.

Se propone como autoridad de aplicación a la Jefatura de Gabinete, quien dispondrá de los mecanismos necesarios para la creación del Registro de Empresas Productivas (REP), a fin que las empresas interesadas en gozar del beneficio puedan inscribirse, así como también las cámaras sectoriales y uniones de empresas.|