Con el inicio del debate en Diputados por el acuerdo con el FMI, serán los diputados que representan a los gobiernos provinciales quienes tengan que elevar la guardia, ante una posible caída de fondos discrecionales, aquellos que se envían a los distritos por fuera de la coparticipación y que posibilitan a las provincias tener mejores números que la Nación, tal fue el caso del 2021.

El año pasado la Rosada envió por esa vía unos $606.000 millones. Los números de las provincias –en base a los datos tercer trimestre del 2021- son mejores que los nacionales. Cuando lleguen los últimos números, las proyecciones es que todas (menos La Pampa, Corrientes y Río Negro) cerrarán con superávit.

Un informe de Politikon Chaco sobre las ejecuciones presupuestarias del tercer trimestre del año pasado, indica que a nivel agregado las cuentas de provincias tuvieron el mayor superávit primario y financiero de, por lo menos, los últimos cinco años, con importantes mejoras, además, en relación al 2020.

Agrega que el año pasado se consolidó la suba de las transferencias nacionales y se recuperaron de manera bastante importante, en la gran mayoría de las provincias, la recaudación propia, a la par que los recursos no tributarios también recuperaron fuerza, particularmente en las provincias patagónicas.

El dato no es menor porque sin presupuesto aprobado para este año, muchas partidas destinadas a las provincias se negocian individualmente. Aunque ya en la Argentina la ley presupuestaria no tiene el valor que en otros países -la discrecionalidad en el manejo de los recursos es muy alta-, la situación actual profundiza la dinámica de que cada mandatario deba negociar por su lado.

La discusión por los subsidios del transporte es una muestra clara de ese esquema. No es el único. Los giros de Anses para sostener parte del déficit de las cajas de jubilaciones no transferidas por las provincias, también está en la lista, al igual que la refinanciación de las deudas de las distribuidoras eléctricas provinciales con Cammesa. Hasta la obra pública por distrito queda presa de esa lógica.

La discusión sobre los subsidios a las tarifas continúa en una nebulosa; en la audiencia pública el Gobierno planteó que habrá un alza entre 17% y 20% para la electricidad, pero no dio detalles respecto del esquema de subsidios. Sino avanza fuerte en este punto tendrá que ayudarse con ajustes más profundos en otras partidas.

No hay mucho más si se mantiene y se cumple el esquema de indexación de las prestaciones previsionales. Tendrán que ir por salarios -otro componente clave del gasto público- aumentándolos por debajo de la inflación. El otro ítem es la obra pública, a la que el Gobierno apuesta fuerte.

Ya el gasto destinado a la pandemia había desaparecido en su enunciado explícito en el presupuesto del año pasado. Los giros discrecionales a las provincias (los que van por fuera de la coparticipación) es otra posibilidad para los recortes.|