Tras la aprobación de la ley de Consenso Fiscal firmado entre el presidente y los gobernadores, las provincias se preparan para recibir los $70.000 millones que el Gobierno repartirá para reactivar la castigada economía de los distritos. Además, la ley aprobada por la Cámara de Diputados prohíbe el aumento de la deuda pública y suspende procesos judiciales por la distribución de la Coparticipación Federal.

El proyecto fue sancionado con los votos aportados por el Frente de Todos, los interbloques Federal y de Unidad Federal para el Desarrollo, Acción Federal y legisladores de Juntos por el Cambio que responden a los gobernadores de la UCR de Corrientes Gustavo Valdés, y de Jujuy, Gerardo Morales. Se trata de los diputados de Corrientes Sofia Brambilla; y Gabriela Burgos, Oscar Moldani y Jorge Rizzotti, de Jujuy.

El Consenso Fiscal 2020 reemplaza al acuerdo firmado en 2017, durante el Gobierno de Mauricio Macri, que entre sus puntos preveía una baja gradual de los impuestos a los Ingresos Brutos y Sellos en un período de 5 años.

El nuevo acuerdo permitirá a las provincias y municipios aumentar Ingresos Brutos (IIBB), Sellos y Tasas municipales. A su vez, los gobernadores tienen que desistir de las demandas contra el Estado nacional por coparticipación.

Las excepciones fueron la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, que no se sumó a esta nueva edición del consenso fiscal, dado que tiene una demanda contra el Estado nacional por el quite de la coparticipación que llevó adelante la administración de Fernández. En el caso de San Luis y La Pampa, no lo firman porque sus respectivas legislaturas no habían aval el Pacto Fiscal en 2017 por lo que ahora si quisieran firmarlo requerirían esa aprobación parlamentaria provincial.

Impuestos provinciales

La ley permite anular hasta fin de año el esquema de rebajas progresivas de Ingresos Brutos, que estaba configurado así:

También elimina topes al impuesto inmobiliario y permite incrementar las alícuotas del impuesto a los Sellos, a la vez que las provincias podrán reestablecer los impuestos que algunas aplicaban sobre el salario a trabajadores.

Para el inmobiliario, la obligación de establecer una alícuota de 0,5% y 2%. Ahora las provincias podrán elevarla más allá de ese máximo.

Para Sellos, la adecuación a un esquema de reducción gradual de 0,75% a partir de 2019, 0,5% a partir de 2020, 0,25% a partir de 2021 y eliminarlo a partir de 2022. Con el actual Consenso Fiscal se elimina tal atadura, al igual que la que impedía elevar la carga sobre transferencias de inmuebles y automotores y la que prohibía tratamientos diferenciales según radicación.

Para los impuestos provinciales sobre el salario, la norma lo prohibía, especialmente los que gravaban con mayor tasa a aquellos trabajadores de otras provincias. Siete provincias debieron derogarlos cuando salió el Pacto Fiscal de 2017 y mientras dure esta anulación pueden reimplantarlos.

Para los impuestos sobre el combustible, quedó suspendida la prohibición de gravar la transferencia de combustible, gas, energía eléctrica y servicios sanitarios, que tenía como excepción las transferencias destinadas a consumidores finales.

Por otro lado, el pacto persigue la "armonización y simplificación" del sistema tributario, que incluye una intensificación de intercambio de información sobre la titularidad de bienes inmuebles, el ingreso de las provincias al Padrón Federal de Ingresos Brutos y el diseño de un programa de coordinación de normas impositivas, regímenes de retención, percepción y recaudación y regímenes especiales para pequeños contribuyentes.

Deuda Externa y coparticipación

A cambio de esta 'autorización' de subir impuestos, las provincias asumen algunos compromisos con Nación, en materia de endeudamiento y de reclamos por la coparticipación federal de impuestos.

Durante 2021, las provincias no podrán aumentar el stock de acreencias de este tipo respecto al monto que tenían al 31 de diciembre de 2020 y Nación tendrá la potestar de denegar la autorización de crédito.

Cada gobernación replicará este punto con los municipios. Hay algunas excepciones:

• El financiamiento de organismos bilaterales o multilaterales de crédito,
• Desembolsos pendientes de acuerdos firmados antes del 31 de diciembre de 2020,
• Los incrementos de stock por canjes o reestructuraciones,
• Endeudamiento que tengan como garantía recursos provinciales que se cobren en moneda extranjera y sin afectación presupuestaria.
• Además, las provincias firmantes se comprometen a no iniciar juicios y suspender los procesos en curso respecto a la distribución de la coparticipación federal, a transferencias de competencias y afectaciones de recursos, salvo los que tengan sentencia firme.|