En cada relevamiento o estudio que se realiza sobre la injerencia del empleo público en las provincias, Formosa lo lidera cómodamente. En esta oportunidad, el distrito gobernado por el polémico Gildo Insfrán es la jurisdicción de peor puntuación según el Índice de Desempeño Provincial elaborado por la Fundación Libertad de Rosario.
En el estudio, dentro de una escala que va del 0 al 10, la misma promedió para el período 2005-2019 (último año en que se realizó el IDP) un puntaje de tan solo 2,26, muy por debajo del promedio general (5,66). Esta jurisdicción siempre estuvo tipificada como una economía de nivel de Desempeño Muy Bajo, dentro de las categorías que contempla el IDP, y en todas las ediciones del mismo se ubicó en el último lugar del ranking (puesto 24).
El bajo rendimiento de la provincia norteña se justifica principalmente en el gran tamaño del gobierno provincial, su alta dependencia de los recursos nacionales y la elevada proporción de empleados públicos que posee.
Respecto al primer punto, un indicador que demuestra el peso que tiene el sector público provincial en la economía formoseña, es el que mide al gasto corriente respecto al Producto Geográfico Provincial (PBG). Para el año 2019, las erogaciones corrientes del gobierno de Formosa representaron más del 41% de su PBG, cifra significativamente mayor que el promedio provincial para el mismo año (19,8%). El valor promedio en esta variable en toda la serie del IDP es de 36,4% para Formosa, más que duplicando la media provincial (17,1%).
El elevado peso que tiene el sector público provincial en la economía de esta provincia se combina con una considerable dependencia de recursos de origen nacional. Este hecho queda reflejado en la ínfima participación que tiene la recaudación propia de Formosa en el total de sus ingresos corrientes. La misma, representó para el 2019 tan solo el 7,3% del total de este tipo de recursos, mientras que el promedio provincial arrojó un guarismo de 24,3%, más que el triple que la provincia del norte del país. Por su parte, el promedio para Formosa entre los años 2005 y 2019 es de 5,9%, muy inferior al promedio general para los mismos años (22,1%). En otras palabras, en los últimos 15 años de cada 100 pesos de recursos corrientes que ingresaron a las arcas públicas de aquella provincia, el gobierno formoseño tan solo recaudó 6.
A estos desfasajes entre gastos e ingresos se le debe agregar también la elevada planta de personal público provincial que posee Formosa. La misma, a través del gasto en personal, explica en buena medida el grueso del gasto corriente provincial.
Para el año 2019, 19 de cada 100 personas ocupadas en la provincia de Formosa trabajan para la administración pública provincial. Esta cifra se encuentra por encima del promedio provincial (17,1%). Si bien no se encuentra entre las primeras en este indicador, el porcentaje no es menor y adquiere relevancia cuando se lo considera en conjunto con las remuneraciones percibidas en el sector público formoseño.
El indicador del IDP que mide salario medio del sector estatal provincial como proporción del PBG per cápita arroja que Formosa con un 29%, encabeza el ranking del 2019. Dicho guarismo se encuentra considerablemente por encima del promedio general (13,6%).
La serie del IDP muestra que Formosa es la jurisdicción con menor libertad económica de los últimos 15 años. Estos datos contrastan justamente con que esta provincia es una de las más pobres del país con el 42% de las personas bajo la línea de pobreza (primer semestre de 2020).
El reclamo de la ciudadanía por un ambiente propicio para trabajar, invertir y desarrollar su actividad está en consonancia con los datos que Fundación Libertad viene relevando hace más de un década. Es hora que los hacedores de política económica tomen consciencia de la necesidad imperiosa de efectuar una reforma integral y profunda del Estado, que en vez de obstaculizar la acción privada la promueva. Sabemos que solo a partir de ello se podrá alcanzar el tan deseado crecimiento sostenido y reducir la pobreza.|
