A días del debate sobre la negociación con el FMI, desde el ala kirchnerista del oficialismo pidieron el desafuero de María Eugenia Vidal por “inhabilidad moral e indignidad”, en el marco del presunto armado de causas contra sindicalistas en 2017, cuando se encontraba al mando de la gobernación de Buenos Aires. Mientras tanto, desde el Gobierno hacen hasta lo imposible para obtener votos de JxC.

Entre sus argumentaciones, el impulsor del proyecto, Carlos Cisneros- también dirigente del gremio La Bancaria- sostuvo que esa agrupación "padeció la gestión de Vidal en reuniones permanentes con quien era su ministro de Trabajo (Marcelo) Villegas y, por eso, nos toca muy de cerca porque además la reunión se hizo en el Banco Provincia".

El legislador hizo referencia a la reunión realizada en junio de 2017 en la sede porteña del Bapro, de la que participaron además de Villegas otros miembros del entonces Gabinete bonaerense, junto a agentes de inteligencia y empresarios, donde se analizó la conformación de una mesa judicial para accionar contra los gremios.

A través del proyecto, Cisneros pidió "excluir de su seno a la diputada nacional María Eugenia Vidal por inhabilidad moral e indignidad, de conformidad con lo dispuesto por el artículo 66 de la Constitución Nacional".

"En este tema no se puede desentender porque es quien designa al directorio del Banco. Tiene que haber una respuesta a ésto", aseveró Cisneros, al fundamentar los motivos de la presentación del proyecto que es respaldado por otros legisladores de origen sindical del FdT.

En declaraciones a Télam, Cisneros dijo que en el marco de la investigación que se lleva adelante en torno a esa reunión, "se echó la culpa a un empleado de ceremonial que sólo entregó el salón y no tiene nada que ver con la AFI, es una compañera que la está pasando mal".

"La diputada nacional María Eugenia Vidal promovió, durante su gestión en el Gobierno de la Provincia de Buenos Aires, una persecución política y judicial en contra de dirigentes sindicales, tal como lo demuestran las pruebas que recientemente adquirieron publicidad y notoriedad", aseveró el legislador.

Según los fundamentos del proyecto, "la conducta a la que nos referimos es contraria al Estado de Derecho y a los más mínimos estándares de gobierno democrático y republicano, resulta violatoria de derechos humanos, y constituye hechos de inédita gravedad institucional".

Finalmente, Cisneros consideró que "se trata de hechos susceptibles de ser tipificados como causales de “inhabilidad moral” e “indignidad”, ya que su comisión resulta incompatible con la función de representar al pueblo de la Nación".|