El fiscal federal Guillermo Marijuán pidió este jueves el sobreseimiento del ministro de Desarrollo Social, Daniel Arroyo, como así también de otros funcionarios y empresarios por la compra de alimentos a precios mayores por los fijados por el Gobierno.
En el escrito presentado ante el juez federal Sebastián Casanello, el fiscal evaluó que los precios que fijó el Estado en esos contratos son semejantes a los valores testigos fijados por la Sindicatura General de la Nación (SIGEN).
"No se encuentra demostrada la existencia de algún tipo de sobreprecio en las contrataciones celebradas, teniendo en cuenta que los valores de las adjudicaciones resultan similares a los precios testigos sugeridos por la SIGEN", señaló el integrante del Ministerio Público.
Según el escrito, para Marijuán no se logró verificar vinculaciones entre esos grupos empresariales y en función de ello es que también pidió los sobreseimientos.
"El estudio de los expedientes de contrataciones por emergencia del Ministerio de Desarrollo Social denunciados demuestra que se ha cumplido con la normativa y reglamentación vigente para llevar adelante en forma debida la adquisición de los alimentos de primera necesidad allí alcanzados", concluyó en su presentación, pues esa era la línea de defensa del Ministerio, aludiendo la urgencia en la compra en plena pandemia.
La denuncia
El escándalo de los sobreprecios estalló a principios de abril del 2020 y provocó la renuncia de 16 funcionarios de Desarrollo Social. El principal apuntado era Gonzalo Calvo, que estaba a cargo de la Secretaría de Asistencia Crítica. En aquel momento Arroyo apartó de su cargo a Calvo y decidió poner en ese lugar a Erika Roffler, una funcionaria de su confianza que venía trabajando como jefa de su gabinete.
Además de esos movimientos, el Gobierno decidió descentralizar la compra de alimentos para que puedan acceder los productores en forma directa y anunció que las nuevas compras no podrán superar los precios máximos mayoristas.
La denuncia se inició por una presentación del titular de la Procuraduría de Investigaciones Administrativas, Sergio Rodríguez, a partir que había sospechas también por las empresas elegidas como proveedores en la venta de alimentos.
Dos de las empresas adjudicadas, Teylem y Forain, pertenecen al llamado “Grupo L”, un conglomerado de empresas del empresario Víctor Lusardi y sus hijos. Otras dos empresas involucradas, Sol Ganadera SRL y Alimentos Generales SA, tenían vínculos estrechos y compartían la sede en la misma dirección.
En esta oportunidad, tras casi un año de investigación, que incluyó pericias y allanamientos en varias de las empresas, Marijuán pidió el sobreseimiento de Gonzalo Calvo, Andrés Gaudino, Marina Erroitzarena, Mariano Manuel Rueda, Cecilia Maria Lavot, Karina Yarochevski, Mariana Noemí Fernández, Andrés Espínola, Patricia Hartenstein, Laura Alonso, Daniel Fernando Arroyo, Eduardo Manuel Assisa, Sebastián Pablo Assisa, Roberto Ricardo Toscano, Federico José Toscano, Víctor Hugo Lusardi y Eduardo Enrique Martínez.
“El estudio de los expedientes de contrataciones por emergencia del Ministerio de Desarrollo Social denunciados, demuestra que se ha cumplido con la normativa y reglamentación vigente para llevar adelante en forma debida la adquisición de los alimentos de primera necesidad allí alcanzados”, concluyó en un extenso dictamen.
Ahora la decisión final está en manos del juez Sebastián Casanello, que recibió la causa tras la renuncia de Rodolfo Canicoba Corral. |
