Los miembros del Parlasur, con el voto de 64 de sus 120 miembros, iniciaron el proceso formal que puede derivar en la separación de Rodríguez Simón de su cargo como miembro del Parlamento regional, luego de que el ex asesor de Mauricio Macri viajara a Uruguay hace más de seis meses, cuando la Justicia argentina lo requería en una causa por amenazas y extorsión a los accionistas del Grupo Indalo Cristóbal López y Fabián de Sousa.

"Estamos muy contentos de que haya comenzado el procedimiento de juzgamiento de Rodríguez Simón y vamos a garantizar su derecho a la defensa", dijo el legislador del Parlasur Oscar Laborde, del Frente de Todos. "Sin embargo -agregó- nos parece grave la condición de un parlamentario que tiene que estar a derecho en su país y no profugarse y luego, cuando la justicia lo cita, no se presenta".

Rodríguez Simón viajó a Uruguay en diciembre pasado cuando la jueza María Servini ya lo investigaba en esta causa por amenazas y extorsión y meses después, en mayo de este año, le solicitó formalmente al Gobierno uruguayo ser acogido como refugiado político, tras denunciar que en la Argentina había una "persecución" en su contra.

La jueza Servini ya pidió la indagatoria de Rodríguez Simón y fue en ese momento, en mayo pasado, cuando el ex asesor presidencial dejó en claro que no regresaría a Argentina y le pidió a Uruguay que lo considere como refugiado político, ante lo cual la magistrada lo declaró en rebeldía.

El miércoles pasado, cuando el Parlasur discutía el reglamento para el juicio político en su contra, Rodríguez Simón apareció en la sesión vía Zoom y pidió que el cuerpo establezca un "Código de Ética" para juzgar su accionar, argumentando desconocer cuáles eran los cargos en su contra.

"¿La falta de decoro qué es? ¿Colgarse de la luz de otro? ¿Usar las influencias? Hay que definir cuál es la conducta. Si se hiciera esto, tendríamos un código de ética que defina qué es la falta de decoro, tendríamos el tipo de sanción y de procedimiento a aplicar", aseguró Rodríguez Simón al ensayar una defensa de su caso.

"Ya se le dijo que estar prófugo es una falta ética. Irse del país y negarse a volver para una indagatoria es falta de decoro. Ahora quiere protección y contradice la valentía que demostró durante los cuatro años de gestión de Cambiemos, cuando denostaba al Parlasur y amenazaba con meternos a todos presos al punto de decirnos 'vayan eligiendo los libros porque van a tener tiempo para leer'", señaló el parlamentario Oscar Laborde del Frente de Todos. "Hasta el presidente del cuerpo, Celso Russomanno, que responde a (Jaír) Bolsonaro, votó por este procedimiento", remarcó.

En concreto, el proceso en su contra dentro del Parlamento regional seguirá el martes próximo, cuando la Comisión de Presupuesto y Asuntos Internos del cuerpo fije una agenda para que el legislador se defienda. Hasta el momento, según se pudo saber, "Pepín" Simón sólo presentó ante ese cuerpo copias del expediente judicial que se tramita en Argentina ante el juzgado de Servini.

"Yo no sé por qué están pidiendo mi remoción. El procedimiento es lo que importa. Les pido reveer esta decisión, porque lo que se está haciendo es de una gravedad inusitada", insistió Rodríguez Simón, vestido con saco y camisa, reividicando una y otra vez la Convención Americana de Derechos Humanos.

La apertura del proceso en su contra fue avalada con el voto de 64 parlamentarios, de un total de 120 que componen el Parlamento regional. En esa votación se abstuvieron cuatro representantes de Juntos por el Cambio y uno del Frente Cívico de Córdoba.

La comisión que se reunirá el martes comenzará a fijar la agenda de cómo seguirá el proceso en contra del ex asesor macrista y cuando finalicen las actuaciones habrá al menos un dictamen (pueden ser varios) para que la remoción de "Pepín" Simón sea finalmente analizada por el pleno del parlamento regional.

En el momento de la decisión final sobre su remoción, el Parlasur deberá conseguir una mayoría especial de 77 miembros para decidir apartarlo de sus filas. Otras fuentes del Parlasur consultadas indicaron que la estrategia de Rodríguez Simón es "estirar todo lo posible el proceso y por eso pidió un nuevo código de ética, y como se lo puede separar por falta de decoro pide que esta acción quede tipificada".

A la hora de la votación final, indican las mismas fuentes, habrá que ver cómo se perfila el equilibrio de fuerzas regionales, y se presume que puede haber una "protección corporativa de la derecha regional" hacia la figura del ex asesor presidencial. En paralelo a este proceso, Rodríguez Simón aguarda la decisión de la Comisión de Refugiados del Gobierno uruguayo, que debe expedirse en un plazo de 90 días y determinar si le conceden el estatus de refugiado político.

Quienes siguen de cerca este proceso apuntan que ya pasó casi la mitad del tiempo que tiene esta comisión para definir el tema. Según las normas uruguayas, la condición de refugiado político puede solicitarla quien pueda demostrar que existe riesgo de que lo maten si regresa a su país (en este caso Argentina) o si en su territorio de origen no existen garantías del debido proceso.

La justicia argentina también investiga a Rodríguez Simón en la causa sobre la llamada "mesa judicial" de Cambiemos, donde se analiza un mecanismo de extorsión al Poder Judicial para influir en distintos fallos judiciales. Durante el Gobierno de Mauricio Macri, "Pepín" Simón fue designado como director de la petrolera estatal YPF, y si bien no era un asesor formal del expresidente, tenía un despacho en la Casa Rosada.

El hombre clave de la "mesa judicial" del gobierno de Macri llegó a ocupar una banca en el Parlasur en 2015, cuando tenía el segundo lugar en la lista de Cambiemos para este parlamento. En ese entonces estaba investigado por su papel en la Unidad de Control de Espacios Públicos (UCEP), desde donde apaleaban a las personas en situación de calle, de lo cual relatan algunos de sus colegas parlamentarios que se jactaba y se decía perseguido por la "justicia K".|