Ocho años de instrucción. Tres fiscales con dedicación exclusiva. Un equipo de otros siete fiscales más. Viáticos. Oficinas. Movilidad. Operaciones de prensa, decisiones judiciales anticipadas a los medios. Prescripciones para limpiar a algunos. Proscripción para silenciar a otros... Y un juicio que sufrió varias postergaciones insólitas y que parecía no arrancar más, de no haber sido por la insistencia de los propios acusados, que amagaron con denunciar penalmente a los funcionarios de la justicia. "¡Exigimos que nos juzguen!", y finalmente comenzó.

Es lo que ha sucedido con la Causa SQM, un expediente que se inició en 2015 luego de que se conociera que la minera privada más grande de Chile realizó aportes a diferentes dirigentes políticos que le habían facturado por servicios supuestamente prestados.

El abanico de los apuntados era amplísimo, y barría a dirigentes de todo el espectro político, llegando a tener 180 personas bajo investigación.

Fue tal el terremoto político que provocó la acusación, que el Ministerio Público decidió asignar todos sus recursos para que la investigación avanzara y fuera hasta lo más profundo.

Y es por eso que se terminaron designando fiscales para que se dedicaran en forma exclusiva a la instrucción de lo que desde un inicio era considerada una causa sumamente compleja.

Así fue cómo el 9 de abril de 2015, la fiscal Carmen Gloria Segura fue asignada con dedicación exclusiva, sólo para investigar el financiamiento ilegal de la política.

Ocho meses más tarde, la que recibía similar nombramiento era su par Paola Castiglione, también fiscal. Y un año y medio después, aunque no con exclusividad pero sí dedicación preferencial, también sería asignado el fiscal Rolando Ramírez para trabajar en este expediente.

Bendición para los fiscales

Con el tiempo, y a fuerza de recursos, impugnaciones, prescripciones, pero también de influencias políticas, fueron desvinculados la gran mayoría de los acusados. Otros aceptaron juicios abreviados, admitiendo culpabilidad a cambio de penas simbólicas.

Así fueron pasando los años, con una causa que se desinflaba y que poco a poco dejó de concitar el interés de otros tiempos.

Lo que no se desinflaron fueron los altos salarios que continuaron cobrando los tres fiscales, para quienes la Causa SQM terminó siendo una verdadera “bendición económica”, de la que probablemente no les será fácil despedirse cuando se termine el proceso.

Justamente a esto apuntaron las defensas de los imputados Pablo Longueria y de Marco Enríquez Ominami, quienes coincidieron en que la prolongación casi indefinida de la instrucción era también consecuencia de que a los fiscales no les conviene que se termine. "Para algunos abogados del Ministerio Público, la causa SQM se ha transformado en un negocio, aunque sea duro decirlo", sostuvo en ese sentido el abogado defensor Ciro Colombara.

Su afirmación se basa en datos proporcionados por el propio Ministerio Público de Chile, que no tuvo más remedio que responder a un pedido de acceso a la información pública presentado por las defensas.

En ese pedido, solicitaban que se informe a cuánto ascendían los salarios de los fiscales asignados con dedicación exclusiva. También consultaron por los viáticos, alquileres, movilidad, entre otros datos.

La respuesta fue sorprendente. La directora Ejecutiva del organismo, Fransica Werth Wainer, informó que en calidad de renta bruta (salarios mensuales), la fiscal Carmen Segura ha venido cobrando una remuneración de $5.994.456 pesos chilenos desde su designación, en abril de 2015. Es decir, lleva cobradas 96 mensualidades.

La cifra equivale a unos 7 mil dólares por mes, y totaliza más de 708 mil dólares.

El caso de la otra fiscal con dedicación exclusiva resulta similar. De Paola Castiglione se informó que cobra un salario de $4.645.183, pesos chilenos, unos 5900 dólares mensuales. Desde el 1° de enero de 2016, cuando fue designada, lleva cobrados 86 sueldos, por un total de 507 mil dólares.

Lo llamativo es que estas dos fiscales no cumplen ninguna otra función ni tienen ninguna otra obligación laboral, más que impulsar esta causa, que parecía no avanzar nunca y que llegó languideciendo a juicio, a fuerza de la presión de los propios acusados.

Por último, el fiscal Rolando Ramírez, cuya dedicación, aunque no exclusiva, es preferencial, cobra un salario de $5.313.866 pesos chilenos, unos 6750 dólares. Asignado desde julio de 2017, la causa SQM le ha significado 68 mensualidades, por un total de 459 mil dólares.

Sólo en salarios de estos tres fiscales, investigar las supuestas dádivas de SQM ya lleva implicados 1.7 millón de dólares. Pero como se espera que el proceso oral se prolongue durante más de dos años, es un hecho que el costo salarial superará los dos millones de dólares.

Ello no guarda relación con la supuesta defraudación que se investiga, estimada en unos 130 millones de pesos chilenos, esto es, unos 165 mil dólares. Por esa razón, para Joanna Heskia, abogada de uno de los acusados, el proceso ha significado “un gasto completamente excesivo, no solo desde la perspectiva de la cantidad de fiscales y abogados asistentes involucrados, peritajes, policías y tiempos de jueces y audiencias, sino también por temas de proporcionalidad”, según le declaró al diario La Tercera.

Para toda la vida

De los 180 imputados del inicio, sólo llegaron ocho a la etapa final de juicio, ninguno de los cuales corre el riesgo de recibir una pena de prisión efectiva.

Colombara, el abogado de Enríquez Ominami, anduvo sin rodeos al hablar de los fiscales. "Ellos simplemente desearían que esta causa les dure toda la vida, mientras tengan dedicación exclusiva y una muy buena remuneración para trabajar en un solo caso", disparó, en diálogo con este medio.

De hecho, el abogado apuntó directamente contra los fiscales, dejando a salvo la responsabilidad del Poder Judicial en la insólita demora que ha tenido la causa y en las postergaciones que sufrió el inicio del proceso oral. “Todo esto se ha debido única y exclusivamente a algunos profesionales de la fiscalía, a los que les conviene que este caso no termine nunca. Y han arrastrado al Poder Judicial, al Consejo de Defensa del Estado y a Impuestos Internos a destinar cuantiosos recursos humanos y económicos a un caso cuyo mayor logro serán penas remitidas”.

Es precisamente bajo esta última especulación que se pueden leer los plazos que tendría este proceso penal hasta que llegue a sentencia, luego de que el propio Ministerio Público afirmara que se extenderá por al menos dos años.

La información oficial indica que el proceso continuaría al menos hasta 2025, justo el año de las próximas elecciones presidenciales chilenas, teniendo todavía en el banquillo a un posible candidato a ocupar la primera magistratura. "Justamente eso es lo que se busca. Porque por más que logremos una sentencia absolutoria, ahí podrán venir los recursos, el juicio se podría repetir y podríamos estar hablando del año 2028, por hechos que ocurrieron en 2009", cerró el abogado.

Juicio millonario

Lo concreto es que la prosecución del juicio, que se extendería durante dos años, implica 25 sueldos que comprenden a cinco funcionarios de Impuestos Internos, cuatro del Consejo de Defensa del Estado, cuatro funcionarios administrativos, cuatro magistrados.

Todo ese equipo implica un costo de unos 100 mil dólares mensuales. Si el juicio se prolonga, tal como se especula, durante dos años, significará una erogación de 2,5 millones de dólares adicionales a lo gastando en las fiscales.