No es un tema más en la agenda del gobierno nacional. La forma en la que el Estado bonaerense resuelva esta semana el problema generado por la toma de los terrenos de Guernica, marcará el camino a seguir en centenares de casos similares que se registran a lo largo y a lo ancho del país con el conflictivo tema de las usurpaciones ilegales a propiedades privadas.
A cuatro días de la fecha fijada por el juez de Garantías Martín Rizzo para iniciar el proceso de desalojo del predio ubicado en el partido de Presidente Perón, dos episodios calentaron el ambiente y anticiparon que el desenlace puede ser más tumultuoso de lo deseado. Un grupo de ocupantes ilegales resistió mediante la quema de neumáticos el ingreso de personal de la provincia de Buenos Aires que pretendía realizar un nuevo censo en la toma de tierras.
“Pretendíamos instalar oficinas móviles de atención para asistir a las familias con la entrega de agua potable, alimentos secos, alcohol en gel, pañales, zapatillas, frazadas y barbijos; a la vez que distribuir viandas de comida caliente luego del temporal y fuimos repelidos con mucha violencia”, contó a Negocios&Política uno de los funcionarios que participó del frustrado operativo.
La intención manifiesta de Axel Kicillof es encontrar una resolución pacífica y consensuada, lo que quedó en evidencia cuando la semana pasada el ministro de Desarrollo de la Comunidad Andrés Larroque llevó adelante gestiones ante el juzgado interviniente para lograr la postergación del desalojo, que finalmente se difirió para el próximo 1 de octubre.
Según los datos del primer relevamiento realizado, en el predio de 100 hectáreas se identificaron 2127 pequeñas -y precarias- construcciones, y se contabilizaron 2797 niños, niñas y adolescentes.
En este marco, Cristina Fernández de Kirchner, se refirió este domingo al tema a través de su cuenta de twitter, donde afirmó que “la ocupación de tierra por vivienda no es una cuestión populista”, y pidió “debatir en serio para poder resolverlo”. Para contextualizar la situación, la vicepresidenta citó la tapa del diario Mercurio, de Chile, que informó el sábado sobre “104 nuevas tomas de terrenos ocurridas en el país desde octubre del año pasado”.
Inmediatamente fueron varios los funcionarios y dirigentes del Frente de Todos que replicaron el mensaje de Cristina. Uno de ellos fue el propio Larroque, que retuiteó el mensaje. En ese sentido, el “Cuervo” ya se había manifestado días atrás cuando declaró que “la cuestión del hábitat es un problema estructural de la PBA. Requiere una solución de fondo en la que estamos trabajando. Mientras tanto, todo nuestro compromiso para asistir a las personas en situación vulnerable”.
EL PROTAGONISTA INVISIBLE
Detrás de esta historia, hay un actor sobre el que poco se habla y ha cultivado un perfil zócalo que le permitió permanecer ajeno a casi todas las coberturas mediáticas. Se trata de la empresa Campos de Bellaco, desarrolladora inmobiliaria del megaproyecto para la construcción del Country & Club San Cirano, propietaria de los terrenos usurpados.
Bellaco S.A. cerró hace cinco años un convenio con el Club San Cirano, ubicado en Villa Celina, para llevar a cabo la creación de un barrio privado e instalar una nueva sede del club en el corredor Canning, que abarca parte del predio que se convirtió años más tarde en un precario asentamiento.
Gervasio Pérez Pesado es uno de los representantes de la firma y dueño de las tierras. Dentro de la anónima también figuran María Jacinta Romero, Vilma Alicia Enriquez y Andres Ríos. “Este es el primer emprendimiento de Campos del Bellaco y lo elegimos por el fuerte sentido de pertenencia a una comunidad como la del Club San Cirano y la posibilidad de traccionar mayores ventas para un público ABC1", explicaba entonces Diego Aidenbaum, director del grupo inversor.
