Luego del escándalo por los festejos en la Quinta de Olivos y en el marco de un largo historial de denuncias presentadas por diferentes sectores, el pasado 5 de agosto la diputada de Juntos por el Cambio Karina Banfi (UCR) realizó un pedido de acceso a la información pública para obtener datos sobre diversas cuestiones vinculadas con Fabiola Yáñez y el entrenador de Dylan, el perro del presidente.
Ante la falta de respuesta y vencidos los plazos estipulados por la Ley 27.275, Banfi presentó un reclamo ante la Agencia de Acceso a la Información Pública, encargada de tutelar los derechos de esa ley.
“La Agencia se encuentra acéfala desde enero, y el exjefe de Gabinete Santiago Cafiero quiso poner a una persona no idónea en el cargo. ¿Qué podemos esperar con Manzur?. El funcionamiento y la aplicabilidad de la 27.275 están en riesgo. El acceso a la información pública es un derecho humano que hoy es vulnerado”, aseguró Banfi.
La diputada acudió a Twitter para difundir el hecho a través de un hilo.
Los detalles del pedido
- Una copia de la agenda de actividades y reuniones de la primera dama desde el 20 de marzo al 31 de agosto del 2020
- La nómina de empleados de la Secretaría General de la Presidencia asignados a las actividades y desempeño de Fabiola Yáñez
- Precisiones para determinar si las 19 visitas del peluquero Federico Abraham a la Quinta de Olivos fueron en calidad personal o profesional: qué trabajo realizó y si fue pagado con fondos públicos.
- Cuántas veces ingresó a la Quinta de Olivos entre el 20 de marzo y el 31 de agosto de 2020 el entrenador canino Ariel Alonso Zapata, el motivo de estos ingresos y si sus honorarios fueron pagados con fondos públicos.
Ante la falta de respuesta y vencidos los quince días hábiles que establece la Ley para responder, Banfi mandó una nota el 2 de septiembre a la Agencia de Acceso a la Información Pública detallando que no se le había precisado la información requerida ni pedido la prórroga correspondiente.
“Está vencido el plazo que tienen para responder. La Ley establece que deben entregar la información en 15 días hábiles o solicitar una prórroga por otros 15 días. Ninguna de las dos cosas sucedió. El silencio se entiende como denegatoria injustificada. Queda claro que intentan ocultar información que tiene que ver directamente con el uso de fondos públicos y con la violación de las propias normas de aislamiento que dictó en presidente”, concluyó Banfi.|
