Ayer por la tarde se conoció el aval de la Corte Suprema de Justicia a las clases presenciales en la ciudad de Buenos Aires y en cuestión de horas el Gobierno nacional emitió un comunicado en el que criticó al tribunal y, entre varios puntos en torno al DNU y las medidas dispuestas para frenar los contagios por coronavirus, adelantó que enviará un proyecto al Congreso que garantice las facultades del Presidente para imponer restricciones.

“La sentencia de la Corte Suprema de Justicia no resolvió un caso particular y concreto, sino que realiza consideraciones indicativas, toda vez que ya no se encuentra vigente el DNU cuestionado. El mismo tribunal admite, como ya lo había hecho en la Acordada 6/2020, que el Poder Judicial no cuenta con los instrumentos necesarios para evaluar la idoneidad de los indicadores sanitarios y epidemiológicos y, por lo tanto, las medidas aptas para contener los contagios”, se lee en uno de los 20 puntos del comunicado firmado por Juan Pablo Biondi, secretario de Comunicación y Prensa de la Nación.

En cuanto a la vigencia del DNU que comenzó a regir el 1 de mayo, el comunicado insiste en que “Se encuentra vigente el DNU 287/2021 que ha adoptado parámetros epidemiológicos y sanitarios específicos y ha calificado los distintos partidos, departamentos y aglomerados urbanos en Alto, Mediano o Bajo riesgo epidemiológico y sanitario, o en Alerta Epidemiológica y Sanitaria”.

Importante

El paso a seguir, por parte del Gobierno nacional, será la presentación de un proyecto de ley para imponer restricciones avalando las facultades del Presidente y con el fin de mitigar los impactos de la segunda ola del coronavirus. 

“En los próximos días se enviará al Congreso Nacional, para su consideración, una ley marco para regular la gestión de esta gravísima pandemia por parte del Gobierno Nacional, de las provincias y de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires”, advierte el comunicado.

Fuertes críticas contra el fallo

El escrito observó que: “Las distintas jurisdicciones se encontraban facultadas por el DNU entonces vigente para adoptar medidas a fin de mitigar los contagios que crecían en forma exponencial. La Ciudad de Buenos Aires, pese a contar con esa facultad, omitió adoptar medidas en ese sentido y el crecimiento de casos en el AMBA generó una situación de alarma epidemiológica y sanitaria que podía llevar, en poco tiempo, a la saturación del sistema de salud”.

Y agregó “El gobierno Nacional fue elegido en elecciones democráticas, en el marco del Estado de Derecho, para adoptar las medidas que considera pertinentes para proteger la salud pública y la vida de las personas, así como la oportunidad, mérito y conveniencia de las mismas, en el marco de una pandemia producida por un virus que no reconoce límites políticos y que el año pasado, desde el AMBA, se extendió a todo el país”.

El ministro de Justicia, Martín Soria, opinó a través de Twitter contra el fallo y lo calificó como "una decisión política que lleva al límite el funcionamiento institucional" cuyas consecuencias "se miden en vidas" y comparó la sentencia con un "golpe contra las instituciones democráticas".

"Avalar que cada provincia o ciudad pueda hacer lo que quiera para enfrentar la pandemia, es aceptar la derrota contra el virus. La autonomía de la Ciudad de Buenos Aires, como la de las provincias, no es absoluta", agregó.

La diputada Paula Penacca calificó la resolución judicial como un "atropello a la democracia".

Leopoldo Moreau aseguró que "es un fallo firmado desde la nube del poder y no desde la realidad cotidiana de la gente". "La Corte vive en otro mundo y dicta este fallo que entorpece la posibilidad de un acuerdo político porque inclinan políticamente la balanza, podrían haberse abstenido de pronunciarse y eligieron no hacerlo", expresó.

La presidenta de la comisión de Educación de la Cámara baja, Blanca Osuna, sostuvo que los magistrados "han dado un paso más contra la democracia, desconociendo la constitución y la soberanía del mandato popular" y "poniendo en riesgo la salud de millones de niñas, niños, adolescentes y docentes".

Itai Hagman cuestionó que "en el mayor pico de muertes la Corte Suprema diera vía libre a un distrito para definir políticas sanitarias solo, con tal de cuidar sus propios intereses corporativos". 

Por su parte, Cristina Álvarez Rodríguez, consideró: "Necesitamos una Corte Suprema democrática y no que pretenda suplantar a un presidente que fue elegido por el voto popular".

Federico Fagioli manifestó que con esta resolución los supremos jueces fallaron "a favor de los intereses de los sectores de poder que desprecian la vida" y calificó la decisión como "un atentado a la democracia y a la institucionalidad".

En la misma sintonía, Daniela Vilar sostuvo que el fallo demuestra una injerencia del Poder Judicial en la política sanitaria del Gobierno y al respecto dijo que los magistrados "avanzan sobre atribuciones de otros poderes elegidos por el voto popular".

El presidente de la Comisión de Derechos Humanos, Hugo Yasky, opinó que "la política berreta de la derecha se llevó puesta a la Corte Suprema que hoy dejó un claro mensaje: el Poder Ejecutivo no tiene autoridad para tomar decisiones en plena pandemia y está sometido a lo que el Poder Judicial determine".

Finalmente, el jefe de Gabinete, Santiago Cafiero, calificó como "lamentable" que la Corte Suprema de Justicia haya resuelto sobre "cuestiones de autonomía en medio de una pandemia que diariamente cuesta cientos de vidas. Es una discusión alejada de la realidad de las terapias intensivas. Nosotros vamos a seguir priorizando la salud".

Frente a esta situación, el jefe de Estado buscará el respaldo del Congreso, a través de una ley, para evitar eventuales rechazos y presentaciones en la Justicia, como sucedió en las últimas semanas con la Ciudad de Buenos Aires.|