Un pedido de apartamiento contra el presidente de la Corte Suprema de Justicia de la Nación, Carlos Rosenkrantz, cumple hoy dos meses sin resolverse. La presentación fue realizada por la empresa argentina Tabacalera Sarandí en medio de un pleito con las multinacionales Phillip Morris (Massalin Particulares) y British American Tobacco (Ex Nobleza Piccardo).

Los abogados de la firma nacional, Elías Jassán, Maximiliano Rusconi y Gabriel Palmeiro, denunciaron que el magistrado no puede tomar cartas en el expediente que se encuentra en la Corte por una situación de "conflicto de intereses" ya que su hija, Julia Rosenkrantz forma parte del estudio jurídico Marval, O`Farrel & Mairal que tendría entre sus clientes a Massalin Particulares.

Pero aquel no sería el único motivo por el que se debería apartar el presidente de la Corte. La otra multinacional, British American Tobacco, está patrocinada por Alberto Tarsitano, relacionado al abogado Gabriel Bouzat, quien fuera socio de Rosenkrantz hasta que asumió como integrante de la máxima instancia judicial del país durante el gobierno de Mauricio Macri.

En definitiva, las dos multinacionales que movilizaron un importante lobby para que el gobierno de Macri las beneficiara impositivamente a costa de las tabacaleras nacionales, tienen un canal que conduce directamente a Rosenkrantz.

Otras maniobras sospechosas

Con los fundados motivos puestos sobre la mesa, la pyme nacional reclama que el ministro de la Corte de un paso al costado. Pero una serie de hechos sucedidos durante la tramitación del expediente en cuestión, hacen suponer que Rosenkrantz, además de tener algún tipo de familiaridad -ya sea directa o simplemente de trato con los involucrados- tiene un inocultable interés en el resultado de la causa.

El rol secundario de Gustavo Naveira, a cargo de la secretaría Nº 7 de la Corte, y de la secretaria letrada Diana Queirolo -quien antes de llegar al Palacio de Justicia fue abogada patrocinante de la AFIP contra una medida cautelar presentada por Tabacalera Sarandí- merecen un capítulo aparte.

Basta mencionar que Naveira -quien llegó a la secretaría Nº7 a instancias de Rosenkrantz y después de un extraño traslado de quien había ganado el concurso para el cargo- retrasó todo lo que pudo en contestar un oficio de un juez Federal que investiga a distintos funcionarios del gobierno de Macri que habrían participado en la arquitectura de la Ley 27.430 que benefició a las dos multinacionales que en el país tienen el monopolio de casi el 80% del mercado del tabaco.

Un ex funcionario de una de las provincias tabacaleras y un ex diputado nacional dieron detalles a Negocios&Política sobre cómo uno de los ejecutivos de una de las tabacaleras internacionales operó para que en el Congreso se apruebe la reforma de la ley 27.430 que modificó la tasa general de impuestos internos, disminuyéndola del 75% al 70%, y estableció un impuesto mínimo fijo de $ 28,00 -actualizable- para cada envase de veinte unidades. Esta reducción benefició exclusivamente al duopolio y perjudicó a las tabacaleras nacionales más chicas como es el caso de Tabacalera Sarandí.

Pero, además, la reducción al 70% de la alícuota impactó directamente en la recaudación para el Fondo Especial del Tabaco que, entre otras cuestiones, contribuye con el Sistema de Salud para tratar enfermedades producidas por el propio tabaquismo y a la cadena más baja de la producción de tabaco, que reciben fondos para las comunidades que viven de la cosecha de tabaco en el norte argentino.

Gracias a la maniobra que benefició a las dos principales vendedoras de humo del país, Argentina dejó de recaudar unos 300.000 millones de pesos. Lo saben las siete provincias que cultivan tabaco: Salta, Jujuy, Misiones, Corrientes, Chaco, Formosa, Catamarca y Tucumán.

“¿Te gusta ir a la cancha? ¿De qué equipo de fútbol sos?”, así comenzó la charla un alto ejecutivo de una de las tabacaleras multinacionales. “Soy de Ríver”, contestó el funcionario provincial. “Tengo palcos para que veas los partidos que vos quieras”, agregó el ejecutivo . La reunión se realizó en el Hotel NH de la calle Bolívar, en el microcentro porteño, dos meses antes de la reforma de la ley 27.430.