En medio de presiones y un duro enfrentamiento entre el oficialismo y la oposición, la Corte Suprema de Justicia de la Nación tratará hoy en un acuerdo extraordinario la situación de los jueces federales Leopoldo Bruglia, Pablo Bertuzzi y Germán Castelli. Los magistrados recurrieron a la máxima instancia judicial para permanecer en los cargos a los que fueron trasladados por un decreto del expresidente Mauricio Macri sin el aval del Senado. 

A pedido del presidente de la Corte, Carlos Rosenkrantz, el pasado martes durante una reunión virtual, los integrantes del cuerpo, Elena Highton de Nolasco, Juan Carlos Maqueda, Ricardo Lorenzetti y Horacio Rosatti, acordaron tratar hoy el pedido de per saltum solicitado por los magistrados que quieren permanecer en sus cargos. Es difícil saber cómo se destrabará un conflicto jurídico que terminó en una guerra política.

Los tres jueces iniciaron amparos para que se declare inconstitucional la decisión del Consejo de la Magistratura de revisar los traslados a sus cargos actuales, iniciativa que es respaldada por Juntos por el Cambio. Tras la intervención del Consejo, el Senado no les dio acuerdo y el Poder Ejecutivo publicó un decreto para que vuelvan a sus anteriores cargos.

Bruglia, Bertuzzi y Castelli objetaron la revisión de sus traslados, señalando que se hicieron cumpliendo todos los reglamentos vigentes, y recordaron que hay una acordada anterior de la propia Corte donde se avalan los traslados. También consideran que tienen derechos adquiridos y que solo pueden ser quitados de sus cargos con una resolución judicial.

Vale aclarar que la acordada de la corte en la que se respaldan los jueces, avala los traslados siempre y cuando cumplan funciones en cargos con idéntica competencia funcional, bajo un marco de excepcionalidad y sin que se desnaturalice el procedimiento constitucional de selección de magistrados, que es mediante un concurso en el Consejo de la Magistratura y posterior envío del Poder Ejecutivo al Senado para evaluación de los pliegos.

Al no haber un fallo sobre la cuestión de fondo por parte de la Cámara en lo Contencioso Administrativo, que se encuentra tratando el tema, en principio queda descartada la posibilidad de que la Corte declare el recurso de los tres jueces quede abstracto.

En consecuencia, las variables que se manejan son las siguientes:

• Los ministros de la Corte pueden no resolver el recurso presentado en una sola reunión, lo que implicaría que el conflicto se estire. Esta opción es poco probable, ya que implicaría un desgaste innecesario.
• Aceptar el per saltum y tomarse un tiempo para resolverlo. Situación que también implicaría estirar el problema y que las presiones continúen.
• Aceptar la vía extraordinaria presentada y dar lugar a una medida cautelar. Es decir que se ajuste la situación y la solución a la acordada que el propio cuerpo había dictado tiempo antes, para el caso manteniendo a los jueces en los cargos a los que fueron trasladados por un decreto de Macri.
• Directamente rechazar el planteo. Lo que significaría convalidar la seguidilla de resoluciones que terminaron con la anulación de los polémicos traslados de los tres jueces, primero el planteo del Concejo de la Magistratura, luego la decisión del Senado y finalmente el decreto del Poder Ejecutivo. Una opción que no cuenta con el voto de la mayoría de los miembros.
• La Corte también podría aceptar el recurso y solicitar a la Cámara en lo Contencioso que resuelva lo antes posible la situación de fondo, es decir esperar que el caso llegue por las vías tradicionales de la apelación, luego de que intervengan todas las instancias del caso. Esta sería una alternativa que descomprimiría la situación.
• La otra opción, que para algunos la más equilibrada, sería aceptar el per saltum y resolver que los jueces permanezcan en sus puestos hasta que sean designados nuevos magistrados a través de concursos, tal como lo establece la ley. Lo que representaría una solución interina y transitoria, hasta que se resuelva a través de un concurso. Finalizada la designación formal para ocupar las dos vacantes en la Cámara, Bruglia y Bertuzzi deberán volver a sus lugares de origen. De esta manera, la Corte devolvería la pelota a la cancha donde comenzó el juego, es decir al Consejo de la Magistratura, el Poder Ejecutivo y el Senado. Pero, además, los integrantes de la Corte estarían avalando su propia acordada.

En paralelo a los recursos presentados ante la Corte, corren los planteos formulados por los tres jueces ante el fuero en lo Contencioso Administrativo, que fueron rechazados en primera instancia y aguardan la decisión de Cámara.

En ese trámite, Bruglia y Bertuzzi recibieron ayer un revés ante el pronunciamiento del fiscal general del fuero, Rodrigo Cuesta, quien, tras analizar los argumentos de los magistrados y los hechos, dictaminó que no correspondía otorgar el pedido de amparo, en línea con lo definido en primera instancia por la jueza María Alejandra Biotti.

La situación de Bruglia, Bertuzzi y Castelli escaló políticamente desde julio de este año, cuando el Consejo de la Magistratura giró al Senado la revisión de los traslados. Los jueces obtuvieron el apoyo de sectores de la oposición, principalmente de dirigentes de Juntos por el Cambio, el respaldo de parte de la sociedad y de referentes de la denominada "corporación judicial".

Ayer la ministra de Justicia, Marcela Losardo, dijo que se comunicó con Lorenzetti tras el escrache que sufrió en su casa en la localidad santafesina de Rafaela. El juez de la Corte aseguró en esa charla que tenía individualizadas a algunas personas que participaron en el bocinazo y los vinculó a la oposición. “Espero que estas presiones no influyan sobre los ministros de la Corte”, dijo ayer la funcionaria en declaraciones radiales.