Con el voto de sus cinco jueces, la Corte Suprema de Justicia consideró que “el recurso extraordinario, cuya denegación originó esta queja, no se dirige contra una sentencia definitiva o equiparable a tal”. En consecuencia, dejó firme la resolución adoptada en las instancias anteriores sobre el acceso a la información contenida en los dispositivos electrónicos de Diego Lagomarsino, en el marco de la investigación por la muerte del fiscal Alberto Nisman.
Lagomarsino había pedido que el contenido de esos aparatos fuera visto por el juez Julián Ercolini, exclusivamente, y que fuera él quien decidiera qué era relevante para la investigación y preservara los datos de la vida privada que no tuvieran incidencia en el expediente.
Algo similar había pedido en su momento la jueza federal de San Isidro Sandra Arroyo Salgado cuando fue secuestrado el teléfono del difunto fiscal y padre de sus dos hijas. En aquel entonces, la jueza Fabiana Palmaghini accedió al pedido y, luego de evaluar el contenido del teléfono de Nisman, desclasificó sólo la información relevante para la investigación y preservó el resto.
En el caso de Lagomarsino, se trata de teléfonos y discos rígidos que fueron secuestrados durante un allanamiento en 2017, en el contexto de la investigación iniciada dos años antes.
La Corte desestimó la presentación y virtualmente liberó el acceso a todo el contenido de esos dispositivos.
El planteo estaba pendiente de resolución desde hace un año y fue reclamado mediáticamente como una demora del máximo tribunal para el avance de la causa por la muerte de Nisman.
Sin tobillera
Lagomarsino dejó de utilizar una tobillera electrónica que controlaba sus movimientos en tiempo real, luego de la autorización del magistrado Ercolini en respuesta al pedido presentado por Gabriel Palmeiro, su abogado, en octubre del año pasado.
En ese momento, argumentaron que el perito informático había cumplido con todas las disposiciones que estableció la justicia sobre el uso de ese instrumento de geolocalización individual y remarcó que “se mantuvo a derecho”.
Por otra parte, consideró que su defendido utilizó el dispositivo desde 2017, lapso que superaba el límite de dos años de duración que pueden tener las medidas de coerción procesal de carácter cautelar, además de cumplir con todos los pedidos como la prohibición de salida del país y de expedirse pasaporte a su nombre; de alejarse de su domicilio por más de 24 horas sin aviso; la obligación de avisar acerca de cambios de domicilio de residencia, entre otros.|
