Luego de que, el 27 de noviembre pasado, la Justicia sobreseyera a la vicepresidenta Cristina Fernández de Kirchner y a sus hijos en la causa conocida como Hotesur y Los Sauces, el fiscal federal Diego Velasco apeló la medida del Tribunal Oral Federal 5.
La causa investigaba las empresas familiares de la familia de la ex presidenta por haber sido el supuesto vehículo para lavar 120 millones de pesos "con la simulación de contratos de alquiler en el rubro hotelero e inmobiliario", según calificó el representante del Ministerio Público Fiscal.
En varias partes de su escrito, el fiscal Velasco explicó que la mejor instancia para resolver la culpabilidad o inocencia de la vicepresidenta, sus hijos y otros 13 acusados es el juicio oral y público.
En el dictamen de 249 páginas, el letrado sostuvo que la decisión de los jueces del TOF 5 es "arbitraria", ya que "padece de omisiones y desaciertos de gravedad extrema que las invalidan como actos judiciales contaminadas de groseros errores jurídicos y se han utilizado argumentos falaces que provocaron conclusiones falsas".
En este sentido, consideró que la función de los magistrados es "reanalizar el caso en un debate oral y público con amplitud probatoria para todas las partes, con posibilidad de que todos interroguen a los testigos e incluso de que los jueces se saquen sus dudas y allí, con esa inmediación con la prueba, fallen de acuerdo a la sana critica racional, habiendo escuchado previamente las hipótesis de las partes".
En esa línea, el representante del Ministerio Público recordó que aún hay varias medidas de prueba en curso, más específicamente dos pericias sobre ambas empresas, donde se pusieron bajo análisis todos los contratos celebrados.
La pesquisa correspondiente a la firma Los Sauces concluía en diciembre: el informe preliminar había arrojado una serie de irregularidades como pagos que no se condicen con su documentación, libros contables faltantes, falta de fondos para la adquisición de propiedades, adujo el fiscal.
Las medidas de prueba que se encuentran en curso, pedidas por la vicepresidenta, incluyen pericias contables, tasaciones e informes, entre otros.
No obstante, Velasco también se refirió a documentación e información que es "retaceada por ciertos organismos públicos provinciales -Municipalidad de Río Gallegos y Calafate-, que no hacen más que confirmar su importancia, y su restricción en este momento afectaría gravemente los derechos de esta parte, privando incluso al sentenciante el abordaje íntegro del plexo probatorio".
"Resulta una obviedad que el delito imputado requiere una connivencia dolosa y por ende el conocimiento por parte del receptor de la ilegalidad de la procedencia del dinero, que claramente cuando el receptor es de buena fe -AFIP-, determinaría la inexistencia del tipo penal", evaluó el fiscal.
Una vez concedida la apelación por parte del Tribunal Oral Federal 5, ésta será elevada a la Cámara de Casación, donde la Sala I, integrada por los jueces Daniel Petrone, Diego Barrotaveña y Ana María Figueroa, será la responsable de resolver si Cristina Kirchner y los demás acusados deberán afrontar el juicio oral o no. |
