El fiscal federal Marcelo Colombo apeló el fallo que sobreseyó a la expresidenta y actual vicepresidenta Cristina Fernández de Kirchner por presunto encubrimiento de los acusados del ataque contra la mutualista judía AMIA de 1994 a partir de un memorando firmado con Irán.
La apelación se suma a la efectuada hace una semana por la Delegación de Asociaciones Israelitas Argentinas (DAIA), que representa a la comunidad judía argentina y es una de las querellantes en la causa. Otra de las partes querellantes, la que representa a los familiares de las 85 víctimas del atentado contra la sede de la AMIA, también apeló el fallo que benefició a la exmandataria.
El pasado 7 de octubre, el Tribunal Oral Federal 8, que debía realizar el juicio oral contra la actual vicepresidenta y otros altos cargos de su Gobierno imputados en el caso, sobreseyó por unanimidad a todos los involucrados al considerar que la firma el 27 de enero de 2013 del memorando con Irán “no constituyó delito”.
Ahora, el TOF 8 deberá elevar los recursos ante la Cámara de Casación, cuyo tribunal estará integrado por los jueces Ana María Figueroa, Diego Barroetaveña y Daniel Petrone, una formación distinta a la que a fines de 2016 resolvió reabrir el expediente, que había sido cerrado en dos oportunidades.
“El recurso que se interpone tiene como fin que se case la resolución dictada por el Tribunal Oral o bien se anule la misma, teniendo en cuenta la inobservancia o errónea aplicación de la ley sustantiva y la inobservancia de las leyes procesales, ordenándose, en consecuencia, rechazar los planteos efectuados por las defensas y dejar sin efecto o revocar los sobreseimientos dictados sobre todos los imputados”, pidió la DAIA. “Finalmente, una vez anulada o casada la resolución en crisis, se deberá –y así se solicita expresamente- disponer en la presente causa, el apartamiento de los jueces que la dictaron”, insistió.
Por su parte, los familiares de víctimas del ataque a la mutual judía, Luis Czyzewski y Mario Averbuch (a través de sus abogados, Tomás Farini Duggan y Juan José Avila), sostuvieron que el fallo que sobreseyó a los imputados “carece de la imprescindible motivación, en tanto pretende sustentarse en la redición de planteos rechazados mediante resolución firme, bajo una lectura revisionista y arbitraria de la prueba incorporada durante la instrucción e invocando la duda como argumento de un sobreseimiento por atipicidad”.
“La esencia de la arbitrariedad expuesta en el fallo gira en torno de la pretendida frustración del debate, oral y público, para impedir que se produzca la prueba, eliminando injustificadamente los alegatos de las acusaciones sobre cuestiones controvertidas y fundamentales de la imputación, que se pretende reemplazar por la opinión unilateral de los Jueces”, fundamentaron.
La DAIA refutó que “no puede considerarse una ‘cuestión política no justiciable’ la suscripción de un Memorándum de Entendimiento” pues “no sería una simple decisión de política internacional” ya que “en modo alguno puede considerarse una decisión política ‘válida’ y ‘no justiciable’ la de encubrir a los sindicados como responsables de un atentado terrorista”.
Un acuerdo bilateral que terminó con una muerte
El memorando firmado con Irán preveía la creación de una comisión especial para tomar declaración a los iraníes acusados de formar parte en el atentado contra la AMIA, que la Justicia atribuye a ex altos cargos del Gobierno de Irán y a la organización chií libanesa Hizbulá.
Los denunciantes sostienen que el objetivo final del acuerdo habría sido el de hacer caer las “alertas rojas” de Interpol para la captura internacional de los acusados.
La acusación contra la actual vicepresidenta se remontaba a enero de 2015, cuando el fiscal Alberto Nisman, que investigaba el atentado a la AMIA, denunció que la entonces presidenta y varios de sus colaboradores intentaron presuntamente encubrir a los sospechosos iraníes del ataque con la firma del memorando con Irán.
Nisman apareció muerto, de un disparo en la cabeza, cuatro días después de presentar su denuncia. El memorando nunca entró en vigor ya que, a pesar de que el Congreso lo ratificó, en Irán nunca llegó a aprobarse.
En mayo pasado, la vicepresidenta había solicitado la nulidad de la causa alegando, entre otros motivos, interferencias políticas en el proceso. |
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