El impuesto a la riqueza que se dispone a tratar el Congreso tiene carácter "confiscatorio", denunció el Foro de Convergencia Empresarial. La entidad mostró su "gran preocupación" por el avance en la Cámara de Diputados del proyecto de ley de Aporte Extraordinario a los grandes patrimonios.
"Se trata de una iniciativa confiscatoria", denunció la entidad que representa a 80 instituciones de la Argentina, incluidas AEA, UIA, IDEA, ACDE, Sociedad Rural, ABA, DAIA y la Cámara de Comercio, entre otras.
A través de un comunicado, el Foro de Convergencia dijo observar "con gran preocupación el avance, en la Cámara de Diputados, del Proyecto de Ley de Aporte Extraordinario a los grandes patrimonios".
Dijo que "sorprende que, en un momento en que se necesita promover la inversión privada para recuperar la actividad económica y generar empleo genuino, la Cámara de Diputados impulse un proyecto de ley que, a todas luces, generará un efecto inverso".
"Cuando es necesario que todos usemos nuestra energía hacia un mismo objetivo, se introduce una discusión que vuelve a dividir a los argentinos", alertó. Dijo que "el dislate de este impuesto es tan evidente, que sorprende su sola discusión".
"Se trata de una iniciativa que es confiscatoria, al gravar nuevamente activos que ya son objeto de otros gravámenes y desconoce la realidad económica de los individuos, generando transferencias de recursos entre regiones productivas, centralizando aún más el poder en el ámbito nacional", señaló.
El Foro también señaló que, "al ser un impuesto no coparticipable, se originan nuevas trasferencias de recursos desde las economías provinciales hacia el ámbito federal, generando una relación costo-beneficio negativo para las provincias". Además, hizo notar que "apenas el 20% del producido del impuesto se destinaría en forma exclusiva a gastos vinculados con la pandemia". Advirtió que "afecta directamente a la creación de trabajo y obliga a quiénes deban tributar el impuesto a vender parte de sus bienes para poder hacerle frente".
El Foro reclamó que el proyecto sea retirado: "Convocamos al Congreso de la Nación a que retire la discusión de este mal impuesto y convoque a las distintas organizaciones sociales a una mesa donde se pueda discutir las políticas de estado que nos permitan salir de esta difícil situación todos juntos", señaló.
La UIA en contra, pero propositiva
La Unión Industrial Argentina (UIA) propuso que, en lugar de pagar el “Aporte Solidario”, se les acepte a las empresas el pago de inversiones productivas por un monto equivalente a este tributo durante un año. Esta propuesta forma parte de una de las cuatro iniciativas que presentó la central fabril 24 horas antes de que la Cámara de Diputados debata el proyecto de la bancada oficialista para que se aplique, por única vez, el proyecto de ley de “Aporte Solidario y Extraordinario”.
La UIA pidió excluir de la base de imposición del “Aporte” a las acciones o participaciones en activos productivos, ya que si una persona tiene acciones de su propia compañía, pero estas no cotizan en Bolsa, debe pagar por ellas como si fueran de su patrimonio y no capital constitutivo de la empresa. Además, la UIA impulsó permitir pagar el aporte requerido “mediante un importe equivalente en inversiones productivas en el plazo de un año”.
Junto con esto, sugirió que se incorporen las mismas exenciones que las que presenta el impuesto a los bienes personales, agregando la exención a Obligaciones Negociables de empresas argentinas para no afectar el ahorro en moneda nacional y en instrumentos públicos, incluir un mínimo no imponible y corregir las alícuotas para evitar tratamientos desiguales.
Para destacar los alcances negativos que tendría la norma impulsada por Máximo Kirchner y su bancada, la UIA puso como ejemplo que una empresa PyME industrial, cuyo accionista mayoritario posee el 97% del capital accionario, pero cuyas acciones no cotizan en bolsa, y por ende no son “líquidas”, debería pagar según la iniciativa oficial, el 27% por su fortuna personal y 73% correspondiente a su participación accionaria en esta empresa.
El proyecto “no diferencia entre el patrimonio formado por capital productivo (empresas, máquinas y activos tecnológicos en el país) y aquél compuesto por activos financieros o inmuebles”, explicó la central fabril. Como resultado de la aplicación de esta medida, “las empresas deberán destinar recursos afectados a la producción al pago de este aporte”, advirtió la UIA.
La UIA también apuntó a que Argentina “está transitando esta pandemia con una inercia que combina aumentos de la carga impositiva, disminución de la inversión, caída del empleo y del consumo con el consecuente desplome de la recaudación. Esta delicada situación fiscal puede mejorar, pero sólo será a partir de una recuperación de la actividad y una mayor formalización de la economía”.
