En el breve espacio de texto que permite un tuit, el dirigente más temido por el establishment económico y político de la Argentina condicionó su aprobación al gobierno de Axel Kicillof al cumplimiento de las metas planteadas en su Plan de Suelo, Vivienda y Hábitat. “Si se cumplen, podrá decirse que fue el gobierno bonaerense que más hizo por los barrios populares en la historia”, sentenció Juan Grabois.
La pregunta que surge inmediatamente después de leer esos 140 caracteres es obvia: ¿y qué pasaría si el gobernador bonaerense no cumple? Es claro que lo que el referente del Movimiento de los Trabajadores Excluidos hizo fue condicionar su apoyo al proyecto político del que forma parte según el éxito o fracaso que tenga una iniciativa cuya resolución efectiva impacta de lleno en la “clientela” de Grabois, que son los sectores más golpeados por la crisis.
No es la primera vez (ni seguramente será la última) que el dirigente social más cercano al Papa Francisco, define postura política de acuerdo a la conveniencia del sector al que representa. “Grabois no es un alineado, no es un tipo que se cuadre, hoy te pone dos mil tipos en la calle para bancarte y mañana, si no lo conformaste, usa ese mismo poder para voltearte”, dice un legislador oficialista de extracción sindical.
Para los peronistas es un outsider. “Demasiado anarco”, dicen algunos miembros del PJ. “Inmanejable”, sostiene el jefe de un municipio gobernado por el peronismo hace más de dos décadas. Para la oposición, en cambio, es un enemigo “manejado por Cristina” que pone en peligro “el principio básico de la república, que es la defensa de la libertad y la propiedad privada”, afirma con una particular perspectiva de los valores democráticos un legislador porteño del PRO.
Pero ¿cuáles fueron los postulados de esa iniciativa que tanta expectativa generó en Grabois?
LOS ANUNCIOS
El plan anunciado por el gobernador bonaerense prevé la construcción de 33.600 nuevas viviendas, por valor de $85.679 millones; la reactivación de obras de 9.738 viviendas, por $9.880 millones; la generación de 85.353 lotes con servicios, por $10.120 millones, y 507 proyectos de urbanización en barrios populares, por $33.222 millones.
La iniciativa también incluye 18.426 obras de mejoras habitacionales y de hábitat, por 11.509 millones, y unas 6.213 viviendas y 5.846 lotes del plan Procrear, por 39.776 millones.
Kicillof anunció, además, la reactivación del Registro Provincial de Demanda Habitacional, que contempla la posibilidad de que los bonaerenses se inscriban allí para solicitar el acceso a una vivienda.
"Es una inversión gigantesca y es muy importante estar anunciándolo; y es una buena noticia en lo que hace a la generación de trabajo, es la inversión pública que más genera trabajo", puntualizó. El mandatario bonaerense anunció también que está en proceso de concretar la entrega gratuita de 154.747 actas y escrituras que serán confeccionadas por la Escribanía General.
Además, decidió la creación de un Registro de Suelos Urbanos ya que "la provincia no sabe qué tierra tenía para ponerla a disposición", explicó. "A veces no es tierra ociosa, sino tierra ocupada y no siempre ocupada por personas sin recursos sino por quienes se aprovechan para hacer negocios", precisó.
LA DISPUTA POR LA TIERRA
Detrás de la controversia que generan las tomas, hay una guerra mucho más silenciosa que es la desatada entre diferentes sectores del gobierno por el control del área encargada de implementar la tan declamada urbanización de las villas. El lunes pasado, el Poder Ejecutivo dispuso por DNU que esta tarea -hasta ahora supervisada por el Ministerio de Desarrollo Territorial y Hábitat- pase a manos de la cartera que conduce Daniel Arroyo, uno de los ministros más resistidos por Cristina de Kirchner.
El decreto que ordenó las modificaciones fue el 77/2020 y establece que Desarrollo Social se quedó con «la ejecución de las gestiones y obras relativas a la implementación de los programas de integración socio urbanos de los Barrios Populares identificados en el Registro Nacional de Barrios Populares en Proceso de Integración Urbana (RENABAP)».
Estos programas estaban en manos de la Secretaría de Integración Socio Urbana, manejada por una funcionaria que responde -justamente- a Grabois. Se trata de Fernanda Miño, ex concejala de San Isidro, e integrante del Movimiento de Trabajadores Excluidos. A pesar del cambio de esfera ministerial, la funcionaria seguirá controlando el área.
Al igual que su compañero de militancia en el MTE, Miño está enrolada en la línea de los que niegan que detrás de una usurpación haya otra cosa que una necesidad extrema. De lo que ocurra este jueves en los terrenos de Guernica dependerá que se pueda mantener el delicado equilibrio dentro del Frente de Todos, donde las posturas acerca de este controversial fenómeno de las tomas están en veredas opuestas
