El nuevo Decreto de Necesidad y Urgencia cambió párrafos de la norma que fueron objetados por los laboratorios estadounidenses de Pfizer y que trabó las negociaciones iniciales para el ingreso de esa vacuna contra el coronavirus al país. Puntualmente, “negligencia” fue la palabra que trabó la firma del contrato. 

Tiempo después, el trámite para la obtención de vacunas se aceleró luego de que el gobierno de Estados Unidos donara millones de vacunas a todos los países del continente, pero Argentina no las pudo admitir por esa normativa.

La vacuna de Pfizer ya cuenta con la aprobación de la Administración Nacional de Medicamentos, Alimentos y Tecnología Médica (ANMAT). En cambio, la de Johnson & Johnson aún tiene pendiente el visto bueno del organismo mientras que Moderna aún no inició el trámite.

Los detalles

Pfizer objetaba el artículo 4 de la ley 27.573 que le permitía al Gobierno incorporar en los contratos “cláusulas que establezcan condiciones de indemnidad patrimonial respecto de indemnizaciones y otras reclamaciones pecuniarias relacionadas con y en favor de quienes participen de la investigación, desarrollo, fabricación, provisión y suministro de las vacunas, con excepción de aquellas originadas en maniobras fraudulentas, conductas maliciosas o negligencia por parte de los sujetos aludidos”.

El gerente de Pfizer en Argentina, Nicolás Vaquer, al exponer en Diputados, explicó que la palabra “negligencia”, que no estaba en el proyecto original que mandó el Gobierno y que fue agregado por pedido de la diputada oficialista Cecilia Moreau, terminó trabando el acuerdo por el que el laboratorio iba a proveer al país casi 13 millones de vacunas.

Vaquer explicó en ese momento que el desarrollo de una vacuna normal lleva entre 7 y 10 años y que Pfizer “asumió el riesgo de acelerar procesos”. “Esta velocidad requerida por todo el mundo trajo aparejado el riesgo inusual sin precedente de demanda. Por eso, Pfizer pide cláusulas de inmunidad y otras protecciones. Son consistentes en 116 países que ya firmamos acuerdo”.

En el caso de Moderna y Janssen, que mantuvieron diálogos muy preliminares con el Gobierno, aún no recibieron la autorización de la ANMAT. La primera no inició el trámite y la segunda sí comenzó el proceso necesario para que cualquier medicamento pueda ser administrado en el país.

Lo que está pasando

En las últimas horas Vilma Ibarra entregó a Alberto Fernández un nuevo borrador del Decreto de Necesidad Urgencia (DNU) que compatibiliza la legislación nacional con las disposiciones básicas de indemnidad penal que están en todos los contratos firmados por compañías extranjeras o locales que se rigen por las normas de los EEUU.

Se trata de reglas jurídicas que modifican y/o interpretan el artículo 4 de la Ley de Vacunas. La palabra “Negligencia” continuará en la norma aprobada en el Congreso, pero su hermenéutica estará condicionada por el trabajo legal que ejecutó Ibarra con las instrucciones directas del presidente.

Pfizer, Moderna y Johnson ya aceptaron los términos del último borrador puesto a consideración por el Gobierno. Y después de la promulgación del DNU, lo único que faltaría es la firma de los contratos entre el Poder Ejecutivo y las compañías radicadas en los Estados Unidos.|