El gobierno argentino prepara hace meses una estrategia para impulsar el desarrollo sostenible y la acción climática como opciones para reducir el impacto de la deuda con los acreedores internacionales y, a su vez, buscar una salida a la crisis económica profundizada por el coronavirus.

En ese marco, tanto el presidente de la Nación, Alberto Fernández, como el ministro de Ambiente, Juan Cabandié, elaboran un plan para posicionar a la Argentina como un acreedor ambiental, aunque al interior del gobierno aseguran que el verdadero cerebro de la operación es el secretario de Asuntos Estratégicos, Gustavo Beliz.

Para ello, el gobierno del Frente de Todos elaboró un documento que denominó Plan Chaco Sostenible 2030, el cual incluye lineamientos no sólo para esa provincia, sino para el Norte Grande, proyecto que a su vez se inscribe en la Agenda 2030 firmada por todos los países de las Naciones Unidas (ONU) en 2015.

En el escrito, la cartera ambiental detalla, tomando como ejemplo a la provincia gobernada por Jorge Capitanich, los montos estimativos de cada hectárea de servicio ambiental según el tipo de bioma.

A grandes rasgos, esto significa otorgarle un precio monetario en dólares no a la propiedad de la tierra, sino a los servicios ecosistémicos que ésta ofrece de acuerdo al tipo de ecosistema al que pertenece, es decir, si es una selva tropical, un humedal o un bosque seco, entre otros.

A su vez, los servicios ecosistémicos son todas aquellas prestaciones para el desarrollo económico y social sostenible que ofrece la naturaleza, como medicinas, alimentos, captación de dióxido de carbono y producción de aire y agua limpios.

“Necesitamos aplicar la emisión de los Derechos Especiales de Giro (DEG) del Fondo Monetario Internacional (FMI) a un gran pacto de solidaridad ambiental que incluya esencialmente a países de bajos ingresos y de renta media”, le dijo Alberto Fernández al enviado especial para el Clima de los Estados Unidos, John Kerry, en la última Cumbre Latinoamericana sobre Cambio Climático hace dos semanas.

Una crisis integral

Pero antes de definir esos valores, basados en metodologías aprobadas por la ONU y que ya se usan en 120 países, la cartera ambiental define que “estamos atravesando una crisis integral” en la que el colapso ecológico y el económico están atados.

En ese contexto, al cual se suma la pandemia de Covid-19, la inestabilidad económica y el riesgo financiero facilitan una inminente crisis de números negativos: “72 países de ingresos bajos y medios enfrentan problemas de deuda, poniendo en riesgo cerca de U$S 598.000 millones en pagos de 2021 a 2025”, señala el informe de Cabandié.

Además, el aumento de la pobreza y el hambre, sobre todo durante 2020, período en el que se estima que 100 millones de personas cayeron bajo esa línea, plante para el oficialismo argentino la “necesidad de alinear flujos financieros a recuperación económica pospandemia”.

Para ello, pergeña a futuro reforzar un “planteo de eliminación de subsidios a los combustibles fósiles”, además de implementar impuestos al carbono, algo que entienden como una “oportunidad de innovación en mecanismos de creación y reserva de valor mediante pago por servicios ecosistémicos, conservación y restauración, adaptación, energías renovables, agroecología y desarrollo de economía del conocimiento”.

Precisamente, ante la incertidumbre financiera generada por el coronavirus, cada vez más capitales internacionales se refugian en reservas de valor seguras, entre las que podrían posicionarse los servicios ecosistémicos, por ejemplo, materializados en “bonos verdes”, como una respuesta al “agotamiento del modelo productivo”.

Un modelo multimillonario

Los datos del gobierno nacional establecen los valores en dólares estadounidenses por cada hectárea de servicios ambientales de cuatro categorías de bioma: bosque subtropical (U$S 6.947), bosque seco-subhúmedo (4.049), pastura y pastizales (5.377) y, por último, humedales (180.927).

De esta forma, el documento estima que la provincia del Chaco podría producir unos 119.000 millones de dólares al año, al poseer 5.039.100 hectáreas de  bosque seco-subhúmedo, por un total de 27.096.147.239 dólares, y 508.000 de humedales, que suman 91.910.785.945 dólares.

Por su parte, desde la provincia de Misiones realizaron un cálculo propio basándose en los números de la Nación y en imágenes satelitales y estimaron que podrían producir unos 34.600 millones de dólares anuales en servicios ecosistémicos.

Como resultado, las 1.500.000 hectáreas de selva misionera fueron valuadas en 10.420.060.812 dólares, a un precio de 6.947 dólares los mil metros cuadrados. Además, la tierra colorada posee 20.000 hectáreas de bosque seco-húmedo, que significan 80.980.381 dólares, a lo que se suman 200.000 hectáreas de pasturas y pastizales por 1.075.435.980 dólares y 127.300 hectáreas de humedales, es decir, 23.031.974.509 dólares.

A su vez, el Ministerio de Ambiente cuantificó que, si se suma el total de superficie de servicios ecosistémicos del Norte Grande, que incluye regiones como el Gran Chaco Americano, las Yungas y la Selva Paranaense, se podrían obtener un total de 4,1 billones de dólares anuales. Una más que jugosa torta que podría significar una luz de esperanza para reducir el impacto de la deuda de más de 44.000 millones que tiene Argentina con el FMI.

La cuenta regresiva comenzó, debido a que, en menos de un mes, representantes de alto nivel de los 193 Estados que integran la ONU deberán atender la primera de dos citas consideradas claves para el futuro del planeta.

Kunming, en China, se prepara para ser la sede de la Conferencia sobre Biodiversidad, entre el 11 y el 15 de octubre. Pocos días después, a partir del 31 y durante un par de semanas, el turno será para Glasgow, en Escocia, donde el tema central será el cambio climático y la regulación de los mercados de carbono que le otorgará a los países un marco legal para impulsar las soluciones ambientales como motor del desarrollo económico.|