Mateo Daniel Capitanich y Gustavo Alonso Cabrera, embajadores de Argentina y México en Nicaragua, volarán de regreso a sus países luego de que los gobiernos de Alberto Fernández y Andrés Manuel López Obrador lanzaran un comunicado conjunto que responde a “las preocupantes acciones políticas-legales realizadas por el gobierno” de Daniel Ortega.

El llamado a consultas de los diplomáticos se da horas después de que el precandidato presidencial por el Partido de Renovación Democrática y ex preso político, Miguel Mora, fuera detenido por segunda ocasión por la Policía orteguista en su vivienda en Managua.

Mora, quien también es periodista y empresario de medios de comunicación, fue arrestado la noche del domingo por "incitar a la injerencia extranjera en los asuntos internos y pedir intervenciones militares", en base a una ley que el Gobierno aplica a los opositores, informó la fuerza.

Con el arresto del dirigente, ya se ha detenido a cinco precandidatos a las elecciones presidenciales —previstas para el 7 de noviembre— en redadas policiales desde el 2 de junio, además de otras trece personas: tres líderes opositores, seis dirigentes del partido político Unamos, un banquero, dos ex trabajadores de la Fundación Violeta Barrios de Chamorro y el conductor personal de la precandidata Cristiana Chamorro.

De acuerdo a la misiva bilateral de Argentina y México, las acciones del régimen de Daniel Ortega, el líder de 75 años que gobierna el país desde 2007 y lo hará al menos hasta 2022, “han puesto en riesgo la integridad y la libertad de diversas figuras de la oposición (incluidos precandidatos presidenciales), activistas y empresarios nicaragüenses”, advirtieron.

El gobierno de Ortega y su esposa y vicepresidenta, Rosario Murillo, considera que las manifestaciones de 2018, que —según organismos humanitarios— se saldaron con 328 muertos y miles de exiliados, fueron un intento de golpe de Estado, del cual participaron Mora y otros opositores ahora detenidos.

Apuestan al diálogo

Las administraciones de Fernández y López Obrador, una fuerte alianza política de la centroizquierda latinoamericana, dijeron que “se mantendrán atentos a la evolución de los acontecimientos relacionados con la hermana República de Nicaragua y seguirán promoviendo inequívocamente el pleno respeto y promoción de los derechos humanos, las libertades civiles, políticas y de expresión de toda persona, con independencia de su nacionalidad o profesión”.

Tanto México como Argentina se mostraron dispuestos a colaborar “constructivamente” en la promoción de un diálogo en el país para que los nicaragüenses logren superar esta situación por la “vía pacífica, respetando la división de poderes, el respeto a las minorías, las garantías constitucionales y, en general, el pleno respeto al estado de derecho y todos los derechos humanos”.

Mientras el diario La Prensa informa sobre los multimillonarios fondos internacionales que financiaron los últimos 15 años al gobierno de uno de los países más de pobres de América, analistas políticos sostienen que los métodos represivos de Ortega se parecen —y hasta superan— a los de la dictadura de los Somoza que el mismo presidente y líder del Frente Sandinista de Liberación Nacional ayudó a derrocar en la revolución que se inició en 1979.

Ante a la avanzada sobre la diversidad democrática reportada desde Centroamérica, medios argentinos informaron que el presidente Fernández habló el último domingo con el canciller de México, Marcelo Ebrard, quien le comentó que López Obrador pensaba llamar a consulta a su embajador en Managua. El peronista no dudó en sumarse a la medida y le pidió a su ministro de Relaciones Internacionales, Felipe Solá, que hiciera lo mismo con el embajador argentino.

El pasado 11 de junio, el secretario de Estado de los Estados Unidos, Anthony Blinken, y Solá sostuvieron una conversación telefónica en la que abordaron los esfuerzos bilaterales, regionales e internacionales que se requieren para “promover la democracia y los derechos humanos en Nicaragua”.

Bajo “el principio de no intervención en asuntos internos”, México y Argentina se abstuvieron de votar el pasado 15 de junio la resolución sobre la situación de Nicaragua, que fue aprobada en la Organización de Estados Americanos (OEA) y que condena las acciones represivas del régimen orteguista desde 2018.

“No estamos de acuerdo con los países que, lejos de apoyar el normal desarrollo de las instituciones democráticas, dejan de lado el principio de no intervención en asuntos internos, tan caro a nuestra historia”, aseguró en ese momento el representante de Argentina, Carlos Raimundi.

“Tampoco con la pretensión de imponer pautas desde afuera o prejuzgar indebidamente el proceso de procesos electorales; en este contexto, no nos es posible acompañar el proyecto de resolución”, agregó el argentino.

Además, instó a que “la OEA retome el espíritu constructivo de su Carta, le hacemos un nuevo llamado a restablecer el diálogo interamericano, y estamos convencidos de que esta situación será superada por los y las nicaragüenses resguardando la convivencia pacífica, división de poderes, y garantías constitucionales”. |