El presidente, Alberto Fernández, anunció un decreto por el que dispone iniciar un proceso judicial con el objetivo de anular los contratos de concesión de las dos mayores autopistas por peaje de acceso a Buenos Aires, cuyo principal accionista es el grupo español Abertis.
"Acabo de firmar un decreto a través del cual le encomiendo al Ministerio de Obras Públicas iniciar una acción que busca la nulidad de los contratos de concesión de las autopistas del Acceso Norte y del Acceso Oeste", dijo el jefe de Estado en un anuncio a la prensa, junto al ministro de Obras Públicas, Gabriel Katopodis.
Fernández sostuvo que los acuerdos de renegociación de contratos firmados en 2018 con Autopistas del Sol (Ausol) y el Grupo Concesionario del Oeste (GCO) son "absolutamente distorsivos y le han generado un enorme daño económico al Estado nacional y a los usuarios".
Ambos acuerdos, por los que se renovaron los contratos de concesión hasta 2030, fueron aprobados por el Gobierno de Mauricio Macri (2015-2019) en julio de 2018.
Tras un proceso de auditoría de dos años, el Gobierno decidió iniciar una acción judicial de "lesividad" porque, según indicó Fernández, "le han causado una lesión enorme al Estado" argentino.
Objeciones a los contratos
Katopodis explicó que, en el marco de las renegociaciones de contratos firmadas en 2018, se reconoció "sin ninguna justificación" una deuda a favor de las empresas, de 540 millones de dólares en el caso de Ausol y de 272 millones de dólares en el caso de GCO.
Argentina también objeta la "dolarización" de los contratos, que inicialmente eran en pesos argentinos, y la determinación de que haya un aumento del 8 % anual en las tarifas de los peajes, "lo que les permite a las empresas tener una rentabilidad extraordinaria", sostuvo Katopodis.
"Y para completar ese marco de decisiones, que para nosotros conllevan un verdadero negociado de los peajes, se determinó que esa deuda se iba a pagar a lo largo de 10 años, prorrogando de manera arbitraria hasta 2030 las concesiones que iban a terminar en 2020", precisó el ministro.
Según Katopodis, "lo que se hizo fue transformar un contrato de concesión en un pagaré a simple firma", configurándose "un negociado absolutamente escandaloso".
Investigación judicial
La acción anunciada el pasado miércoles será iniciada ante el fuero judicial en lo Contencioso Administrativo federal para que sea la Justicia la que declare la nulidad de los contratos y, en forma cautelar, devuelva la administración de las autopistas al Estado.
En forma paralela, en la Justicia Penal federal se lleva ya adelante otra causa en la que se investigan posibles delitos en el marco de la firma de estos contratos.
"Hemos identificado que en toda esta operación hubo funcionarios de los dos lados del mostrador: funcionarios que ejercían cargos gerenciales en las empresas que después tuvieron cargos jerárquicos muy importantes en la dirección de Vialidad Nacional y que después volvieron a esas empresas. Cumplieron las instrucciones que desde sus antiguos empleadores les iban determinando", aseveró Katopodis.
Empresas defendieron acuerdos
A finales de agosto último, el Gobierno rechazó una recusación presentada por las concesionarias para propiciar la nulidad de la auditoría con vistas al inicio de la acción judicial finalmente anunciada el pasado miércoles.
Las empresas expresaron hace un año, cuando fueron notificadas de la auditoría, que los acuerdos eran "plenamente legítimos" y fueron aprobados por el Ejecutivo nacional "luego de un proceso en el que se cumplieron con todas las instancias de control establecidas en la normativa aplicable".
De momento las compañías no se han pronunciado sobre el anuncio hecho por el Gobierno.
El Grupo Concesionario del Oeste está compuesto por Autopistas Concesionaria Española (Acesa, empresa del grupo español Abertis, con 42,87 % de las acciones), el grupo malayo IJM (20,10 %) y el fideicomiso Supervene I (5,73 %), mientras que el resto de las acciones se cotizan en la Bolsa de Buenos Aires.
En tanto, Autopistas del Sol está participada por Abertis (31,59 %), la firma italiana Webuild (19,82 %) y la argentina Natal Inversiones (14,12 %), mientras que el resto de las acciones está bajo oferta pública.
