En nuestro país los planes sociales son beneficios otorgados por el Estado nacional con el objetivo de lograr un equilibrio social y brindar apoyo a los sectores más vulnerables: aquellos que no cuentan con un trabajo formal y cuyas dificultades para encontrar empleo se agudizan ante el bajo nivel de escolarización y la ausencia de estudios superiores, la falta de oportunidades, entre otros factores. Como consecuencia, no poseen ingresos aptos o suficientes para garantizar una mínima calidad de vida en cuanto a las necesidades básicas propias y las de su grupo familiar.
Los planes de asistencia social van desde un beneficio de pago único hasta una ayuda económica mensual, la entrega de medicamentos, atención médica, cuidado y protección de menores de edad, asignación de empleo a jóvenes, entre otras prestaciones.
Los planes sociales en Argentina
Si retrocedemos un poco más en la historia, los primeros planes sociales aparecieron con las Cajas PAN, durante el gobierno de Raúl Alfonsín. En 1986, aproximadamente 5,6 millones de personas recibían la ayuda alimentaria del PAN, casi el 17% de la población de ese momento.
Luego de 16 años, durante la crisis del 2002 bajo el mandato de Eduardo Duhalde, existía sólo uno: el Plan Jefas y Jefes de Hogar, destinado a 2 millones de familias en un momento en el que la pobreza alcanzaba a más de la mitad de la población argentina.
En las últimas semanas el Observatorio de la Deuda Social de la Universidad Católica Argentina (UCA) demostró, a través de un estudio, que en el año 2002 la ayuda estatal alcanzaba a dos millones de argentinos y 19 años después, esa cifra se multiplicó diez veces entre quienes acceden a programas alimentarios, prestaciones como la Asignación Universal por Hijo y la Asignación por Embarazo.
Si bien la cantidad de planes sociales ha crecido significativamente en las últimas dos décadas, la pobreza continúa siendo un problema que pareciera no tener solución, habiendo alcanzado un valor del 45% este último año. Durante el 2020, 1.600.000 argentinos cayeron bajo esta línea, según un informe realizado por el Instituto para el Desarrollo Social Argentino (IDESA).
En cuanto a las edades, el INDEC señaló que la población infantil es una de las más afectadas. Durante el último trimestre del 2020, más de 7 millones de niños, niñas y adolescentes se encontraban residiendo en hogares pobres, constituyendo el 63% de esa población y siendo Chaco y Santiago del Estero las provincias con mayor número de casos.
En ese contexto, por informes socioambientales de la Asociación Civil Haciendo Camino, de ese mismo período, se supo que:
- 40% de los niños y niñas sufren desnutrición
- 54% vive en condiciones de hacinamiento
- 43% de los hogares no consume agua potable
- 67% de los hogares presenta materiales precarios en su vivienda
- 32% de los hogares no tienen sistema de conservación de alimentos
- 62% de las familias no tienen controles médicos al día, y
- 29% sufre inseguridad alimentaria
Sin embargo, a la fecha el Estado argentino invierte en un total de 141 planes y programas sociales. En la página ayudandonos.com/planes-sociales se pueden ver los que se encuentran vigentes y conocer en detalle qué plan le conviene tomar a la persona y cuantos podría obtener de acuerdo a su categoría.
Los organismos encargados de la información y el relevamiento de los planes sociales en Argentina son: el Sistema de Información, Evaluación y Monitoreo de Programas Sociales (SIEMPRO) y el Consejo Nacional de Coordinación de Políticas Sociales (CNCPS), ambos dependientes de la Jefatura de Gabinete.
Los de mayor demanda:
- Plan Potenciar Trabajo
- Programa Argentina Hace
- Programa Hogar
- Programa Federal Incluir Salud
- Programa Jóvenes más y mejor Trabajo
- Programa Monotributo Social
- Programa Plan Nacional de Primera Infancia
- Programa Plan Nacional de Protección Social
- Programa Plan Nacional de Seguridad Alimentaria
- Becas ProgresAR
- Programa Seguro de capacitación y empleo
- Programa SUMAR
- Programa Tarifa social
- Subsidio social para medicamentos PAMI
Los requisitos necesarios para acceder a cada uno varían y siempre dependerá de qué plan se elija y cuál sea el fin del mismo.
¿La inversión en planes llega a la población objetivo?
Muchas veces se pone en duda el origen de los verdaderos beneficiarios ante la posibilidad de corrupción y fraude por parte de los organismos estatales encargados de brindar la ayuda social, lo que reduciría significativamente la eficacia de esas inversiones provocando que el dinero destinado originalmente a ayudar a quienes más lo necesitan, se “filtre” en el proceso y no llegue a la población original.
En los últimos meses, el Banco Interamericano de Desarrollo presentó un informe titulado “Mejor gasto para mejores vidas”, donde analiza el gasto público de América Latina y el Caribe. De toda la región, Argentina es el país que obtuvo el peor resultado, ya que la ineficiencia del gasto público como porcentaje del PBI alcanza el 7,2%.
Al realizar la estimación, el organismo analizó la ineficiencia técnica de tres componentes claves de los gastos del Estado: malgasto en remuneraciones a empleados, filtraciones en transferencias y malgasto en compras públicas.
La mayor ineficiencia (4.5 puntos del PBI) se observa en las “Filtraciones en Transferencias”: lo que se traduciría en pensiones no contributivas, programas sociales, subsidios a empresas y pensiones contributivas.
En el análisis, el estudio aclara que los errores, el fraude y la corrupción reducen la eficiencia económica de estas intervenciones disminuyendo la cantidad de dinero destinada a los verdaderos beneficiarios. Es decir: la poca transparencia y la corrupción en la gestión pública produce, entre otras cosas, que los más necesitados reciben menos ayuda por parte del Estado y, por ende, no puedan aspirar a la movilidad social.|
