Un grupo de diputados nacionales de Juntos por el Cambio presentó un proyecto de ley para modificar el listado de delitos electorales del Código Nacional Electoral en lo que refiere al uso de dinero público en tiempos de campaña.
El proyecto impulsado por la diputada radical Carla Carrizo con el apoyo de una treintena de legisladores de la bancada opositora propone incorporar el reparto de subsidios, transferencias discrecionales y modificaciones presupuestarias durante el proceso electoral como prohibiciones expresas.
Carrizo consideró que "no alcanza con las cautelares de la Justicia Electoral" y que "el poder debe entender que en las elecciones no se compite haciendo trampa", al tiempo que subrayó que "el clientelismo estatal es un acto de profunda arbitrariedad que a 38 años de la democracia en Argentina y con el 50% de los ciudadanos con pobreza estructural no se puede permitir".
Con el fin de evitar las "prácticas clientelistas" en campaña, el proyecto señala que quedaría prohibido durante los 25 días anteriores a las PASO y durante 30 días anteriores a la fecha fijada para las elecciones generales, el reparto de subsidios y/o transferencias no contempladas en el Presupuesto Nacional.
De la misma manera, se prohibirían en ese período la celebración de convenios administrativos entre la Nación, las provincias y los municipios para la ejecución de recursos públicos.
También se prohibirían, según el proyecto, durante los veinticinco 25 días anteriores a las PASO los actos inaugurales de obras públicas, lanzamiento o promoción de planes, proyectos o programas de alcance colectivo.
En este sentido, estaría vedado todo acto de gobierno que "pueda promover la captación del sufragio a favor de cualquiera de los candidatos a cargos públicos electivos nacionales, o de las agrupaciones por las que compiten" y también la utilización de bienes propiedad del Estado para actividades de campaña electoral.
La iniciativa propone también que se imponga como sanción la inhabilitación de hasta 12 años para el ejercicio de cargos públicos para todo funcionario público que autorice la publicidad de actos de gobierno en ese período.
Al justificar el proyecto, la autora del proyecto y vicepresidenta del bloque de la UCR remarcó que "las cautelares de la Justicia electoral minimizan daños menores, pero no impiden transferencias enormes a las provincias que van para los gobiernos en elecciones o para la caja política, no para la ciudadanía".
El proyecto fue acompañado con las firmas de los diputados Gustavo Menna, Ricardo Buryaile, Brenda Austin, Camila Crescimbeni, Alejandro Cacace, Claudia Najul, Lidia Ascárate, Ximena García, Jorge Vara, Gabriela Lena, José Riccardo, Lorena Matzen, Federico Zamarbide, Dolores Martínez, Martín Berhongaray, Julia Marcolli, Aída Ayala, Juan Manuel López, Diego Mestre, Pablo Torello, Jorge Enríquez, Roxana Reyes y Emiliano Yacobitti, entre otros.|
