El presidente Alberto Fernández encabezó este jueves un acto en la localidad de Concordia, provincia de Entre Ríos donde anunció un plan para garantizar que los trabajadores rurales registrados que sean contratados para labores de cosecha no pierdan los beneficios sociales que perciben.
El acto, del que también participó el gobernador Gustavo Bordet, se llevó a cabo en la Ruta Nacional N° 18. El lugar no fue casual, teniendo en cuenta que allí se concentra buena parte de la producción de cítricos de la Argentina que precisa, justamente, trabajadores para cosechar.
El DNU, -que se publicará en los próximos días- tiene como objetivo principal beneficiar a unos 250.000 trabajadores que realizan tareas temporales y estacionales en el ámbito de las economías regionales permitiendo compatibilizar planes sociales con trabajo registrado (en blanco).
En lo que pareció ser un guiño al campo, Alberto Fernández sostuvo que "La iniciativa tiene como eje central el mejoramiento de las condiciones laborales de los trabajadores, así como también el crecimiento y la consolidación de las capacidades exportadoras de las economías regionales".
En ese sentido, el DNU presidencial será prácticamente una réplica del proyecto presentado el año pasado por la senadora del Frente de Todos, Nora Del Valle Giménez. Dicha iniciativa toma al servicio doméstico como antecedente ya que, en ese caso, las trabajadoras no pierden beneficios sociales.
Las economías regionales tienen un fuerte impacto, no sólo en términos económicos, sino también sociales en el interior: actualmente están integradas por más de 30 complejos productivos y representan cerca del 63% de las explotaciones agropecuarias en todo el país, según datos oficiales.
El sector emplea de manera directa a alrededor de 625.000 personas representando un 70% del total de la mano de obra en el ámbito rural de la Argentina. Sólo el año pasado las exportaciones de las economías regionales, según el INDEC, generaron más de 7000 millones de dólares.
La mano de obra en las economías regionales representa entre el 45 y 75% del costo total de producción, dependiendo del complejo. En el caso de la actividad vitivinícola, por ejemplo, un cosechero puede cobrar hasta 6.000 pesos el jornal (a un valor de 100 pesos el tacho).
Esta realidad también se replica en Salta donde un productor perdió el 30% de su cosecha de tabaco por no contar con la cantidad de trabajadores necesarios para encarar las labores. Del mismo modo ocurre en Andresito, al noreste de Misiones, en el caso de la yerba y otras zonas del interior.|