El Gobierno volvió a marcar la cancha en la Organización de Estados Americanos (OEA) respecto a su postura frente a la política intervencionista sobre Venezuela y la situación entorno a las denuncias de violaciones a los derechos humanos. En esta oportunidad fue el embajador argentino ante el organismo internacional, Carlos Raimundi, quien se encargó de tomar postura.
Sucedió el martes de esta semana, durante un discurso ante el Consejo Permanente de la OEA, que monitorea lo que sucede en el país caribeño, al marcar diferencias sobre un informe de la Alta Comisionada para los Derechos Humanos de la ONU, Michelle Bachelet, que revela una preocupante situación de represión por parte del gobierno de Nicolás Maduro.
El representante de la misión criolla ante la OEA aseguró que “Venezuela sufrió un fuerte asedio de intervencionismo”, en alusión al bloqueo y a las sanciones comerciales de Estados Unidos al régimen bolivariano. Primero había recordado la historia política y la tradición histórica en materia diplomática que tiene Argentina en materia de defensa de los DD.HH.
No todo el arco oficialista está conforme con la postura del gobierno de Alberto Fernández en torno a la situación de Venezuela. Sin ir más lejos, en febrero del año pasado, el actual presidente de la Cámara de Diputados, Sergio Massa, se reunió con la representante del opositor, Juan Guaidó, Elisa Trotta Gamus, y le manifestó su "solidaridad" por la crisis que atraviesa ese país, en un gesto más de diferenciación con el kirchnerismo que apoya la gestión de Nicolás Maduro. "El tiempo de Maduro se agotó y tiene que haber una salida democrática", había dicho en aquel momento el diputado.
El informe del Alto Comisionado de Derechos Humanos de Naciones Unidas sobre la situación en Venezuela es lapidario. Bachelet, denunció que más de 2.000 personas murieron en lo que va del año durante operaciones de “seguridad”. Además, pidió a Maduro que continúe con las liberaciones de las personas que fueron "privadas arbitrariamente de su libertad por ejercer sus derechos".
La postura argentina
“No hago una lectura ideológica de los derechos humanos, no son los derechos humanos para mi país y para quien habla un instrumento para tomar una posición política, ya lo he dicho en otras oportunidades”, dijo Raimundi el martes pasado Consejo Permanente de la OEA. Y destacó: “Nosotros nos centramos en la persona que sufre la violación, el ataque a los derechos humanos”.
El enviado de la Casa Rosada dijo que “cuando uno pone el foco en un tipo de situación de un determinado país y no en otros, es ahí donde se puede correr el riesgo de tener una lectura o una interpretación sesgada desde el punto de vista político de lo que son las violaciones a los derechos humanos”.
Aunque por un lado admitió que en el país caribeño hay una situación “crítica, con mucho apremio económico, y que no se me escapa el altos número de personas que han abandonado el país”, el embajador ante la OEA aclaró que no comparte “la perspectiva de cuáles son las causas que han llevado a esa situación y cuáles son los caminos para resolverlas”.
No hizo falta que Raimundi pronuncie a Estados Unidos cuando dijo que “Venezuela ha sufrido una suerte asedio de intervencionismo. Hubo amenazas de intervención, operativos y cortes de energías a las centrales que han generado serias cuestiones de violaciones a los derechos humanos”.
Más adelante y en ese sentido pidió que se vea “ambas caras de la medalla”, por un lado “hay un camino de negociación de la paz y de la no intervención como el camino adecuado”, y por el otro “la lógica de la estigmatización”.
A mediados de agosto último, el Gobierno argentino insistió a "la vía electoral” como “único modo de establecer un camino consensuado en la República Bolivariana de Venezuela", lo hizo al rechazar la decisión de partidos políticos opositores a la administración de Maduro de no participar de las elecciones parlamentarias convocadas para diciembre próximo y llamar a la abstención.
Así fue expresado por el vicecanciller argentino, Pablo Tettamanti, durante la reunión virtual del Grupo de Lima, en la que se abordó la profunda crisis humanitaria y política que atraviesa Venezuela. En el encuentro se realizó el 14 de agosto por videoconferencia, la delegación de la Cancillería argentina planteó que una virtual suspensión de los comicios de medio término en el país caribeño "dejaría a muchos ciudadanos venezolanos sin el instrumento válido para defender sus derechos en la Asamblea Nacional".