Es la segunda vez en el mismo año que el presidente Alberto Fernández lanza sus dardos contra la justicia chilena.
En esta ocasión, las críticas surgieron luego de que publicara una carta en redes sociales donde cuestionaba al gobierno del presidente de Ecuador, Guillermo Lasso, por expulsar al embajador argentino quien dio asilo a la exministra María de los Ángeles Duarte, prófuga de la justicia por un supuesto caso corrupción.
En relación a este hecho, la misiva del mandatario argentino decía: “Quiero que sepa también que a todos debe lastimarnos que su patria, como la mía, como en Brasil o como en Chile, la Justicia se haya puesto al servicio de quienes persiguen opositores”.
Tales declaraciones se refieren al caso SQM, donde Marco Enríquez-Ominami está siendo acusado por delitos tributarios. Enríquez Ominami, al igual que Alberto Fernández, forma parte del Grupo de Puebla.
“Completamente impertinentes”
Las palabras del mandatario argentino no pasaron desapercibidas en Chile. El ministro de Justicia, Luis Cordero aseguró: “Nosotros tenemos un Poder Judicial independiente y un sistema institucional sobre el cual podemos tener comentarios o críticas. Pero una cosa muy distinta es transformar eso en problemas de proceso y garantía, sin perjuicio de que me parecen completamente impertinentes e impropias esas declaraciones”.
El ministro Cordero se refirió al conflicto que tiene el gobernante argentino con la Corte Suprema de su país, diciendo que es “especialmente delicado en el caso de que un mandatario en ejercicio emita opiniones sobre otro poder del Estado”.
El canciller Alberto Van Klaveren también se pronunció sobre los dichos de Alberto Fernández: “Así como respetamos las instituciones de nuestros países hermanos, esperamos el mismo respeto para nuestras instituciones”.
Las críticas también molestaron a la oposición chilena. Un grupo de diputados de derecha que pertenecen a la Comisión de Relaciones Exteriores llamaron al Gobierno a entregar una nota de protesta al embajador de Argentina en Chile, Rafael Bielsa.
“Es evidente que el señor Fernández no guarda ningún respeto hacia la institucionalidad chilena, por lo que es indispensable que el gobierno manifieste su molestia por medio de otros tipos de acciones que existen en términos diplomáticos”, aseguró el diputado Christian Moreira.
Por su parte, el diputado Cristián Labbé indicó que “nuestro país no es igual a Argentina, porque acá sí respetamos las instituciones y la separación de poderes; y eso el actual Gobierno se lo tiene que dejar absolutamente claro a la administración de Fernández”.
Desde La Moneda se espera que la Cumbre Iberoamericana sea el escenario donde el presidente Boric pueda conversar de esta polémica con su par, Alberto Fernández, ya que está confirmada una reunión bilateral entre ambos mandatarios.
El Caso SQM
Luego de ocho años de espera, el 13 de febrero comenzó el juicio oral del caso SQM que investiga el supuesto financiamiento ilegal de la política chilena.
Entre los acusados está un dirigente cercano al presidente Fernández: Marco Enríquez-Ominami, fundador del Grupo Puebla que actualmente conduce el mandatario argentino.
Fue precisamente esta agrupación la que publicó una polémica carta donde cuestionaron a la justicia chilena por la insólita extensión del proceso, y aseguraron que fiscales ligados a la derecha eran loso que estaban investigando a Enríquez-Ominami, quien está siendo acusado de delitos tributarios y que podría enfrentar una pena de hasta 4 años de cárcel.
La misiva provocó la molestia al otro lado de la cordillera. Tanto el Gobierno como el mundo político de manera transversal criticaron la intervención de otros países en el sistema judicial chileno.
Pero con un juicio oral que se espera dure dos años, tal vez ésta no sea la última vez que el Presidente Fernández se refiera al caso SQM y el sistema judicial chileno.
