Elisa Carrió jugará su propia carta fuerte en la embestida de la oposición contra el ataque de la vicepresidenta, Cristina Kirchner, a la Corte Suprema: pedirá su juicio político por "alteración del orden democrático".

Los diputados de la Coalición Cívica-ARI, que encabeza Carrió, preparan un escrito para solicitarle en los próximos días al Congreso el juicio político con la intención de que Cristina Kirchner sea removida de su cargo a raíz de la carta que difundió el 9 de este mes, con fuertes críticas no solo contra el máximo tribunal sino también contra la Justicia en general.

En caso eventual de que el juicio polítio fuera aceptado, la Cámara de Diputados debería tomar el rol de fiscal de la acusada, y el Senado, el de juez para decidir una sanción.

Más temprano, sobre la misma carta que motivará la presentación de la CC-ARI contra Cristina, los máximos dirigentes de Juntos por el Cambio habían señalado que la crítica vicepresidencial contra la Corte constituye "un golpe a nuestra Constitución".

Los diputados de la CC-ARI anunciaron que invocarán las causales de "mal desempeño" y la "comisión de delitos en el ejercicio de sus funciones" para pedir que avance el juicio político contra la vicepresidenta, a quien acusaron "del avasallamiento a las instituciones argentinas".

Este anuncio le sube todavía más el tono a la discusión política, más allá de sus chances reales de avanzar en el Congreso, donde el Frente de Todos, que lidera Cristina Kirchner, es el bloque más fuerte, con mayoría en ambas cámaras.

Según los legisladores que responden a Carrió, la vicepresidenta debe ser destituida "por interferir en el normal desarrollo de las funciones de otro poder del Estado, atentando contra el orden institucional y el sistema democrático".

"Sus ataques contra orden institucional y el sistema democrático están previstos en el artículo 36 de la Constitución Nacional", afirmaron los legisladores de la CC-ARI, que dijeron que el contenido de la carta de la semana pasada implica "un ataque directo contra las reglas de convivencia democrática" y "un atentado contra el orden institucional". Destacaron además que los ataques provienen de quien preside el Senado, "el cuerpo a cargo de enjuiciar constitucionalmente a los jueces de la Corte".